El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), indica que las mineras canadienses tienen las puertas de México abiertas desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Recurren a empresas de nuestro país para hacer presión y chantaje y sobre todo para frenar protestas. 
En otros países las concesiones tardan en entregarse hasta 10 años y aquí en Nuestra República sólo tardan ¡ocho meses!

Más del 70% de proyectos mineros en el país son de firmas canadienses. 
La presencia de esas empresas se debe a la flexibilización de la ley de inversión extranjera. Habitantes de comunidades de diversos estados se quejan de daños ecológicos y daños irreversibles a la salud de los pobladores. Las empresas mineras de Canadá (con una larga lista de consecuencias sobre el medio ambiente y las comunidades donde operan), poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según revelan informes de la Secretaría de Economía (SE).

Pese a los efectos devastadores donde operan las empresas canadienses, como en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí, las autoridades esperan que la producción anual global de oro en el país alcance las 70 toneladas, gracias a proyectos como Peñasquito, Zacatecas; Dolores, Pinos Altos y Palmarejo, en Chihuahua, entre otros, los cuales en su mayoría son realizados por empresas del país de la hoja de maple.

La gran presencia de las empresas mineras canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las diversas normas de inversión extranjera después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio durante la gestión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51 por ciento.

Diversos estudios han concluido que en otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un largo proceso que puede tardar entre ocho y 10 años, que incluye la realización de audiencias públicas y foros en los que diversos grupos involucrados con el tema exponen sus puntos de vista con respecto al proyecto.

En cambio, en México el proceso de concesión es cerrado y centralizado, con la competencia del gobierno federal, y se puede resolver en un plazo de solamente ocho meses.La devastación ambiental y las violaciones de las empresas mineras canadienses han sido ampliamente documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.

Sin un tratado de Libre comercio o ante el hecho de que Canadá le ha vuelto la espalda a Nuestro País, es URGENTE que las concesiones sean derogadas, eliminadas, suspendidas. Es necesario velar por los intereses de Nuestro País, no por amistades internacionales que en cualquier momento nos traicionarán, llevándose los beneficios y dejando una estela de corrupción y daños irreversibles a la salud de nuestros compatriotas y a los territorios afectados.