@EPN: ¡No publique la reforma de Objeción de Conciencia, #SaludSinObjecion!

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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2018

 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 

P R E S E N T E

 

Las abajo firmantes, ciudadanas mexicanas, con fundamento al Artículo 72, fracciones B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos ejerza su atribución de observar y devolver a la Cámara de origen, el decreto mediante el cual el Senado de la República, como Cámara revisora, el pasado jueves 22 de marzo de 2018, aprobó por mayoría de votos la adición del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que establece la Objeción de Conciencia para el personal médico y de enfermería, que a la letra dice:

Artículo 10 Bis.- El personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

La opinión que ese Poder Ejecutivo emitió el 18 de febrero de 2016, por conducto de la Secretaría de Salud, sobre el dictamen al proyecto de iniciativa de la presente adición al “Artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, establece claramente su opinión negativa a la adición, argumentando que:

La objeción de conciencia ya está protegida en los artículos 5°, 6° y 24 de la misma Constitución, al sentar en esos artículos los  derechos de cualquier persona de ejercer la profesión, la industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, a la libre manifestación de las ideas y el derecho a la libertad de convicción éticas, de conciencia y de religión, siempre y cuando no perjudique a terceros, o bien, no constituya un delito o falta penados por la ley”. De los anteriores preceptos se desprende una amplia protección a la libertad de conciencia, la cual cabe dentro del ámbito interno de las personas, por lo que los prestadores de los servicios de salud, como cualquier ciudadana y ciudadano, pueden hacer valer sus derechos conforme a sus convicciones y creencias sin perjudicar el derecho de terceros.

Cabe destacar que si bien la Ley protege el derecho de libertad de conciencia, no se puede regular específicamente la misma, toda vez que se trata de un concepto subjetivo que únicamente el profesional de la salud que lo ejerza, sabe y atiende, por lo que pretender exceder su influencia más allá de ese objetivo personal, queda fuera de una decisión ética aceptable, pues el uso indiscriminado y mal entendido de la objeción de conciencia, aleja a la medida de sus objetivos primordiales y desvía los factores que debe determinar toda atención médica: la autonomía del paciente, el beneficio sin daños colaterales que se espera del proceso, al conocimiento científico y la justicia con que se da, y abre la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas, con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria. Además, en el caso de que la objeción de conciencia se manifieste por un hecho o creencia de tipo ideológico, sería difícil calificar el hecho a través de la ciencia.

De igual forma, se observa que la iniciativa está redactada de manera muy general, lo que podría ocasionar por un lado, la interferencia en la atención médica que requiere un paciente, dejando en un estado de indefensión al no poder allegarse de la atención médica solicitada, por motivos de índoles moral, y por otro, que el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus servicios a que éste las acepte o por lo menos se comporte como si las aceptara.

Es así que solicitamos se devuelva la iniciativa y se elimine dicha adición con base en los siguientes

 

CONSIDERANDOS

l. Garantía y protección de los derechos humanos

Que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de fecha 11 de junio de 2011, se construye el marco que obliga al Estado mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como sancionar cuando éstos se violen.

Que esta reforma establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y Tratados Internacionales, y que gozará de todas las garantías para su protección y que no se podrá restringir ni suspender su ejercicio.

Que el derecho a la salud está consagrado en el artículo 4, párrafo 4 de la CPEUM, por lo que este derecho se debe garantizar bajo el principio de igualdad que subyace al estado laico, democrático y garante de derechos humanos.

Que el estado mexicano debe acelerar el paso bajo el principio de progresividad, para garantizar el derecho a la salud pues aún el 15.5% de la población tiene carencia en el acceso a la salud (13.4% mujeres, 17.9% hombres) (CONEVAL, 2’16). En tal virtud nada debe impedir que se garantice este derecho de manera progresiva.

Que el Sistema Nacional de Salud debe garantizar que existan médicos NO objetores para prestar los servicios de salud.

Por lo anterior, la Objeción de Conciencia no es un derecho humano en sí mismo, sino una de manifestación del derecho humano a la libertad de conciencia, que establece que toda persona puede creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones.

Que oponer la propia conciencia al cumplimiento de una Ley, según la cual, al objetor, por profesar determinadas ideas, no le corresponden las prestaciones que son impuestas por el orden jurídico a la sociedad, revela una regresión en materia de garantía de derechos humanos.

 

II. Laicidad y la democracia.

Que los legisladores que aprobaron la reforma citada en el primer párrafo de este escrito, se apartaron en el ejercicio de su función pública que es  de legislar preceptos ajenos   a conceptos religiosos como lo establece la Constitución, lo que trasgrede el Estado laico.

Que la laicidad surgió como el resultado de una lucha por el establecimiento de la libertad de conciencia, con el propósito de preservar la unidad del pueblo, reconociendo la igualdad de todos quienes la integran, independientemente de su convicción o confesión.

Que con la laicidad establecida Constitucionalmente en México, se ha logrado a lo largo de la historia desde el siglo XIX que ninguna confesión en particular se vuelva una norma general y se constituya en la base de un poder sobre la totalidad de la sociedad.

Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Artículo 24 que establece:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley...”

Por lo tanto, el respeto al carácter laico del Estado es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho.

La objeción de conciencia violenta el Estado laico, porque antepone una visión no laica y no científica, al derecho fundamental de la salud.

 

III. Igualdad, no discriminación y justicia social:

Que se ha identificado que la objeción de conciencia a nivel institucional, puede ser usada contra el ejercicio de la interrupción legal del embarazo, que ya se encuentra regulado en varias legislaciones locales, o bien pone en riesgo la vida de mujeres que por cualquier razón llegan a urgencias con un aborto, desangrándose y deben ser atendidas sin prejuicios; e igual, puede ser usada desde una visión discriminatoria contra personas de la diversidad sexual o por condición de etnia, edad, pobreza u otra, es decir, la objeción de conciencia atenta contra el derecho a la salud pues obstaculiza la prestación de servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, y limita además la investigación científica en diversos campos.

Que México avanza lento en la consolidación de constituirse como estado garante de derechos humanos, en igualdad de oportunidades y condiciones; la desigualdad en el acceso y calidad a los servicios de salud para la gran mayoría de la población representa un reto, por lo que la objeción de conciencia, en el personal médico del Sistema Nacional de Salud implicará para las mujeres un obstáculo adicional para el acceso a anticonceptivos, a la reproducción asistida, a los servicios de aborto legal y seguro, a la investigación científica que favorezca el avance en el ejercicio de los derechos  y favorecerá la criminalización de las mujeres que abortan.

Por lo anterior, la objeción de conciencia es discriminatoria y contradice lo que establece el Art. 1 de la CPEUM.

Señor presidente: le solicitamos con todo respeto, que como Titular del Poder Ejecutivo y depositario de lo que establece el Art. 89 Fracción I, pondere anteponer lo que señala el Art. 72 A y regrese al Congreso de la Unión la reforma al Art. 10 Bis de la Ley General de Salud para que sea revisada en función del respeto a nuestra Carta Magna, la defensa de los derechos ganados y las libertades reconocidas en las leyes que promueven el bienestar colectivo y la convivencia pacífica en la pluralidad. La objeción de conciencia, como se estableció en la reforma en mención, es discriminatoria y contradice lo que establece el Art. 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y sus recomendaciones, así como otros estándares internacionales.

Atentamente

Alejandra Rojas Pérez, Alicia María Ocampo Jiménez, Anabel López Sánchez, Angélica de la Peña, Angélica Nadurille Álvarez, Bárbara García Chávez, Beatriz Cosio Nava, Beatriz Zavala Peniche, Cecilia Lavalle Torres, Celia Cervantes Gutiérrez, Claudia Alonso Pesado, Cristina Renaud, Elisa Alanís, Gloria Ramírez Hernández,  Janette Góngora Soberanes, Leticia Gutiérrez Corona,  Lucía Lagunes Huerta, Ma. Candelaria Ochoa Avalos, Marcela Lagarde y de los Ríos, Martha Lucía Mícher Camarena, Margarita Guillé Tamayo, María del Carmen Alanís, María Elena Chapa, María Eugenia López Brun, Martha Tagle Martínez, Mary Telma Guajardo Villarreal, Milagros Herrero Buchanan, Mónica Toussaint, Nadia Salazar Anderson, Norma Reyes Terán, Patricia Mercado Castro, Patricia Olamendi Torres, Pola Peña, Rocío García Olmedo, Rogelia González Luis, Rosalinda Ávila Selvas, Rosario Guerra Díaz.

 

 

 



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