Los resultados de las pasadas elecciones autonómicas parecen haber finiquitado la nefasta era de María Dolores Cospedal en el gobierno de Castilla-La Mancha, caracterizada por los recortes indiscriminados, el destrozo de los servicios públicos y una gestión inmisericorde hacia los colectivos más desfavorecidos.

Se abre una nueva era en la región que, inevitable e inmediatamente, tiene que pasar por el cambio de políticas y la reparación de los daños. Estamos seguros que, por responsabilidad y justicia, el PSOE y PODEMOS llegarán a un acuerdo que impida que Cospedal pueda seguir torturando impunemente a la amplia mayoría de los castellano-manchegos.   

Pero una vez conseguido ese entendimiento, la Asamblea Docente de Guadalajara cree ineludible empezar a hacer gestos y compromisos que evidencien que el cambio va a ser real en uno de los servicios públicos más deteriorados, gracias a Cospedal, de la región: nuestra Educación Pública. Una educación que los recortes y la mala gestión han llevado a un estado crítico. Miles de personas han salido a la calle, secundado huelgas e innumerables protestas oponiéndose a estas políticas destructoras. Sus demandas han de ser escuchadas.

Por todo ello les pedimos que, en las grandes líneas maestras de sus compromisos, salven la Educación Pública de Castilla-La Mancha. Es tanto el daño ejercido en la pasada legislatura autonómica que entendemos que el proceso pueda ser lento, pero no que no haya compromisos y anuncios inmediatos de un cambio de rumbo. Con el convencimiento de que su programa y sus ideas defienden la Educación Pública, nos permitimos recordarles algunos de los destrozos que urge reparar lo antes posible:

 -          Suspensión/aplazamiento de la aplicación de la LOMCE en nuestra comunidad el próximo curso. Una mala ley nacida sin consenso y amenazada de muerte -si hay cambio de gobierno tras las elecciones generales- no debería seguir implantándose, pues ya está ocasionado problemas incontables en los centros y en la comunidad educativa y la situación puede agravarse si se amplía a la etapa de secundaria el próximo curso.

 -          Recuperar la dignidad de la Educación Pública garantizando su calidad, frenando la proliferación de centros educativos concertados y privados que han aparecido en nuestra región en los últimos años. Basta ya de drenar lo público para beneficiar a los amiguetes privados.

-          Eliminación de los recortes en los presupuestos de los centros públicos, así como reposición del personal no docente absolutamente imprescindible para el correcto funcionamiento de estos (administración, conserjería y limpieza, etc.)

 -          Freno a la masificación en las aulas mediante la bajada de ratios. Recuperación de apoyos y refuerzos especializados.  Recuperación de los programas de gratuidad de libros, subvenciones al transporte y comedores escolares, atención y fomento de la Escuela Rural, etc. Mejora de la calidad educativa garantizando la equidad e igualdad de oportunidades.

 -          Recuperación de las condiciones laborales de los docentes (sueldos, horas lectivas, ratios) que, a su vez, suponga la restitución del empleo docente perdido en estos cuatro años -más de 5000 profesores- y  de los derechos arrebatados a los profesores interinos de Castilla-La Mancha.

 -          Estabilidad laboral para los docentes interinos de la región, derogando y/o modificando inmediatamente el ignominioso Pacto de Interinos de 2013, que condena a estos docentes al desempleo y/o a la precariedad y la inestabilidad, antes de la finalización del proceso selectivo para evitar la rebaremación de las listas.

 -          En este sentido, y si fuera legalmente posible, paralización de la Oferta de Empleo Público de 2014-2015, convocatoria que pretende repartir 330 plazas docentes entre 27 especialidades, entre profesores técnicos de FP y profesores de educación secundaria, y que fue impuesta unilateralmente por la anterior administración –con la oposición de todos las fuerzas sindicales y del colectivo interino- con el único propósito de reordenar listas con un criterio economicista. La nueva administración regional debe hacer un estudio real de plantillas, según el contexto de cada uno de los centros educativos, generando plantillas estables y suficientes para atender las necesidades reales del alumnado y familias.