Estados Unidos enfrenta problemas demasiado serios como para que el presidente pierda tiempo y recursos públicos cambiando los nombres de lagos, mares, montañas, edificios e instituciones como si fueran propiedades personales. Una cosa es gobernar y otra muy distinta es utilizar el poder presidencial para reescribir el mapa del país, borrar nombres históricos y convertir nuestro patrimonio colectivo en una extensión de la marca de quien ocupa temporalmente la Casa Blanca.

El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14172, que ordenó utilizar “Gulf of America” en lugar de Golfo de México dentro del gobierno federal y devolverle a Denali el nombre de Mount McKinley. No se trató solamente de cambiar un letrero. Las agencias federales tuvieron que modificar mapas, documentos, bases de datos y comunicaciones oficiales.

El 27 de agosto de 2026, Trump fue todavía más lejos: firmó la Orden Ejecutiva 14422 para rebautizar el Lago Ontario como “Lake America”, a pesar de que se trata de una masa de agua compartida con Canadá y de que ese nombre representa siglos de historia para comunidades de ambos países. La orden exige eliminar las referencias a Lake Ontario del sistema federal de nombres geográficos y actualizar mapas, contratos, documentos y comunicaciones de todas las agencias federales.

Estas decisiones no pasan por una verdadera consulta pública, no presentan un cálculo transparente del costo y no requieren que el presidente demuestre que el cambio responde a una necesidad nacional. Basta con una firma para obligar a distintas dependencias a modificar registros oficiales y alterar nombres que pertenecen a generaciones enteras.

Lo ocurrido con el Kennedy Center demuestra por qué este problema no puede seguir dependiendo de la voluntad de una sola persona.

El 15 de septiembre de 2026, el juez federal Christopher Cooper bloqueó nuevamente el intento de colocar el nombre de Trump en el edificio y los terrenos del John F. Kennedy Center for the Performing Arts. El juez determinó que la junta directiva no puede instalar homenajes a Trump —ni a ninguna otra persona— sin autorización del Congreso.

Horas después, la junta alineada con Trump votó cerrar la mayor parte del Kennedy Center para realizar renovaciones. Trump afirmó que las reparaciones, para las cuales el Congreso ya había asignado 257 millones de dólares, solamente avanzarían si se permitía colocar su nombre en el edificio.

Ese episodio revela el peligro con absoluta claridad: un espacio cultural construido para honrar al presidente John F. Kennedy terminó atrapado entre la ley, el dinero público y la insistencia de otro presidente por dejar su nombre grabado en la fachada.

El Congreso ya tiene frente a sí una parte de la solución. El SERVE Act —“Stop Executive Renaming for Vanity and Ego Act”— prohibiría utilizar propiedades y recursos federales para colocar el nombre de un presidente en funciones en edificios, terrenos u otros bienes públicos. Es un paso importante, pero no es suficiente porque no impediría todos los cambios arbitrarios de nombres históricos que no incluyan directamente el apellido del presidente.

Por eso pedimos al Congreso que apruebe el SERVE Act y lo complemente con una protección más amplia que establezca:

• Autorización del Congreso antes de cambiar el nombre de lugares, aguas, monumentos, edificios o instituciones federales de importancia nacional.
• Un periodo real de información y participación pública.
• Consulta con gobiernos estatales, comunidades locales, naciones tribales y, cuando se trate de espacios compartidos, con los países afectados.
• Una explicación escrita que demuestre el beneficio público del cambio.
• Un cálculo transparente de su costo para los contribuyentes.
• La prohibición de utilizar fondos federales para proyectos de renombramiento que no hayan recibido la autorización legal correspondiente.

Esto no debe ser una pelea entre republicanos y demócratas. La misma regla que limite hoy a Donald Trump deberá limitar mañana a cualquier presidente, sin importar su partido. Nadie debe tener autoridad ilimitada para cambiar por capricho los nombres que guardan nuestra historia y nuestra identidad.

Un presidente administra temporalmente el gobierno. No es dueño del país, no es dueño de sus monumentos y mucho menos es dueño de su historia.

Firma esta petición y dile al Congreso que proteja el patrimonio público de Estados Unidos, apruebe el SERVE Act y establezca límites claros para que ningún presidente pueda volver a cambiar unilateralmente el mapa, los monumentos y las instituciones que pertenecen a todos.