Exigimos que se garanticen los derechos humanos de las mujeres en la UNAM

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17 de marzo de 2018, Ciudad Universitaria

PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

A las autoridades de la UNAM

Al Consejo Universitario

A la comunidad universitaria

 En respuesta al comunicado de prensa de la Dirección General de Comunicación Social-UNAM del 16 de marzo de 2018, queremos dar a conocer nuestras inconformidades en torno al Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, que se puso en marcha en agosto de 2016. Este Protocolo dista mucho de ser un instrumento eficaz para visibilizar y tratar de manera adecuada los casos denunciados de violencia de género dentro de nuestra Universidad, conforme al derecho mexicano y los tratados internacionales de derechos humanos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Las autoridades nos han excluido continuamente del diálogo, presentando un Protocolo que es un objeto decorativo, un paliativo y un laberinto burocrático que no cumple con la función de ser un mecanismo normativo para la administración de la justicia. Ahora nos invitan al diálogo ¿qué garantía hay que después de éste se den los cambios ESTRUCTURALES que se necesitan para implementar una legislación que sancione la violencia de género y provea reparación para las víctimas?

Creemos que, mientras no haya cambios sustantivos a la interpretación de la legislación universitaria, cualquier protocolo es ineficaz, porque no resuelve el problema de raíz. Con base en nuestra experiencia, sabemos que si se realiza una queja mediante el Protocolo actual y ésta es aceptada, es decir, que cumple con las múltiples condicionantes del protocolo, se ve sujeta a la legislación universitaria, por ese motivo se debe reformar con perspectiva de género la normatividad en la UNAM, para que el protocolo sea vinculante.

La normatividad que realmente opera en nuestra Universidad estipula que una denuncia es digna de ser procesada mediante el Protocolo, sólo si así lo deciden las y los directores de cada escuela, facultad, centro o instituto. Estas son las únicas autoridades con la facultad de turnar los casos para ser atendidos por el Tribunal Universitario y la Comisión de Honor y Justicia, del Consejo Universitario. Estas instancias no juzgan con perspectiva de género, ya que en reiteradas ocasiones -y de forma sistemática- ha ejercido violencia institucional en contra de las universitarias.

Por ejemplo, en las sesiones del Tribunal para evaluar los casos, comúnmente se revictimiza a las universitarias, culpabilizándolas por las agresiones recibidas o poniendo en duda su calidad moral. Muchas veces también se hace uso de estrategias para que la víctima se presente sin preparación o apoyo, al avisarles de manera informal y un día antes la fecha en que tendrá lugar la sesión del Tribunal. Sabemos que estas instancias además procesan y les dan mayor peso a las denuncias que los agresores hacen en respuesta a la demanda de sus víctimas y los protegen, violando la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia las mujeres que la constitución mexicana contiene en los artículos 1º, 14, 16 y 17. De esta manera, el protocolo encubre a quienes en verdad toman las decisiones de sancionar o no a los agresores. Hay una necesidad urgente de salir del oscurantismo y lograr la modernidad en nuestra máxima casa de estudios.

Muchas de nosotras creímos en el Protocolo y denunciamos por las vías que ustedes establecieron. Confiamos en la institución y pasó nada o muy poco. Los agresores siguen impunes, con sanciones mínimas o declarados inocentes. En algunos casos las denuncias no procedieron hasta que la denuncia se hizo pública a través de las redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras tanto muchas denunciantes han sufrido todo tipo de represalias con la complicidad de autoridades de la UNAM.

Las autoridades rechazan nuestras acciones de protesta sin considerar que es la única vía para obtener justicia, y visibilizar los vacíos y obstáculos que el Protocolo contiene. Queremos decirles que no vamos a negociar nuestro derecho a una vida libre de violencia. Los paros ofrecen un espacio de reflexión para toda la comunidad universitaria, y quienes los critican deberían preguntarse por qué hemos llegado a estas medidas. Estos paros nos ofrecen un espacio único de denuncia, reflexión, acompañamiento y reparación, que su fallido instrumento no nos ha brindado.

Exigimos un informe con apego a la transparencia y el derecho al acceso a la información que reporte de manera detallada las acciones realizadas por las autoridades de la UNAM, con relación al combate y sensibilización a la violencia de género, así como evaluaciones precisas del impacto que éstas han tenido en nuestra comunidad. Exigimos acceso a la información pública sobre los expedientes de los casos donde hubo sanción y de los casos donde no hubo sanción, ya que esta información es de interés público. Nosotras hemos visto simulación en las campañas, con conferencias semi-vacías: funcionarios que las presiden pero no asisten, universitarias y universitarios que desconocen la existencia de los Lineamientos para la Igualdad de Género en la UNAM y del Protocolo; funcionarios omisos o con conflictos de interés; funcionarios sin conocimiento ni sensibilidad para atender la violencia y problemática de género; compañeras criminalizadas por denunciar, y campañas superficiales que en nada modifican la cultura de violencia hacia nosotras. A casi tres años de establecido el Plan de Desarrollo Institucional (2015-2019) (http://igualdaddegenero.unam.mx/acciones-unam/) no vemos que se hayan cumplido sus objetivos.

Nosotras exigimos cambios en la Legislación Universitaria y en el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM, que garanticen la reparación del daño y el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres que son parte de la comunidad universitaria.



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