Detengan el proyecto de trasladar personas a un centro de retorno en Ruanda

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El problema

¿A qué casa vuelve un hombre cuando lo suben a un avión rumbo a un país en el que nunca ha vivido? Les pido que piensen un momento en esa palabra. Volver. Uno vuelve al barrio donde aprendió a ir solo a la escuela. Vuelve al piso del que todavía guarda una llave. Vuelve a sentarse con alguien que conoce su nombre. Si un ministro decide adónde tiene que ir usted, aunque usted jamás haya puesto los pies allí, ¿con qué derecho llama a eso un retorno?

Me llamo Jorge Ruiz Centelles. Hablo desde España. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiséis, los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos anunciaron junto al de Ruanda que estudian abrir en ese país africano lo que llaman un centro de retorno. Quieren alcanzar un acuerdo y empezar los traslados en dos mil veintisiete. A día de hoy los propios gobiernos hablan de un proyecto que están negociando. Por eso tomo la palabra ahora. Dentro de unos meses, cuando alguien pregunte qué hicimos mientras se negociaba, quiero poder contestar que les exigimos que pararan.

Conviene decir con exactitud a quién quieren enviar. La propuesta se refiere a personas que tienen una orden de retorno que puede ejecutarse. Entre ellas puede haber personas cuya solicitud de asilo fue denegada. El gobierno neerlandés dice que en una primera fase enviarían a hombres solos y que el centro sería abierto y temporal. Aceptemos por un momento esa descripción. Imaginemos que un hombre llega, deja su maleta y comprueba que la puerta, en efecto, está abierta. ¿Resuelve esa puerta la cuestión de quién decidió subirlo al avión? ¿Puede salir por ella y recuperar la vida de la que acaban de apartarlo?

También me detengo en eso de los hombres solos. Cabe una vida entera en lo que esas dos palabras dejan fuera. Un hombre puede viajar solo y llamar cada domingo a su madre. Puede acompañar a un vecino mayor a la compra. Puede cuidar de un hijo que vive en otra ciudad. Piensen en los hombres de su propia familia que un día emigraron para trabajar. Pregúntense cuánto habría sabido de ellos un funcionario que, al verlos bajar del tren sin compañía, hubiera escrito simplemente: hombre solo. Que alguien llegue sin nadie a su lado dice muy poco de las personas que contarían con él mañana.

Se habla de quienes huyen de la guerra como si la dificultad de encajar su historia en un formulario hiciera desaparecer el peligro. El derecho europeo contempla, además del estatuto de refugiado, la protección subsidiaria para situaciones que incluyen determinados riesgos graves para civiles en conflictos armados. Las circunstancias importan. Importa el pueblo del que se huyó. Importa quién controla hoy la carretera por la que se tendría que volver. Importa que haya un intérprete capaz de distinguir dos lugares de nombres parecidos, porque confundirlos puede cambiar una resolución y puede cambiar una vida.

Un Estado puede denegar una solicitud. Le pregunto qué ocurre al día siguiente si aparece una prueba que sus autoridades desconocían. ¿A quién llama esa persona? ¿Quién le traduce la resolución? ¿Cuánto tiempo tiene su abogada para llegar ante un juez? Si se alega un riesgo grave de tortura, una revisión que llega cuando el daño ya se ha producido llega demasiado tarde. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege frente a la expulsión en esas circunstancias y reconoce la tutela judicial efectiva. Haría bien Europa en medir el valor de esas palabras desde la silla de quien espera una respuesta.

Hay una pregunta que quiero dirigir expresamente a los cinco gobiernos. ¿Considerarían razonable que un gobierno africano escogiese una ciudad de sus países para instalar allí a personas de otras nacionalidades a las que hubiera decidido expulsar? ¿Les bastaría que les hablasen de cooperación? Supongo que querrían conocer el presupuesto, las condiciones y los compromisos de cada parte. Querrían oír a sus ayuntamientos. Sobre todo, querrían saber qué piensan las personas a las que se pretende trasladar. Pues exactamente ese respeto merecen la sociedad ruandesa y cada una de las personas sobre las que ustedes están negociando.

A eso me refiero cuando denuncio una mentalidad colonial. Mi reproche va dirigido a los gobiernos que toman esta decisión. Ruanda tiene su propia historia, gente que acoge, familias que emigran, ciudadanos con opiniones distintas sobre lo que hace su gobierno. Me indigna que en Europa resulte tan fácil hablar de todo un país africano como del lugar donde colocar a quienes aquí se considera que sobran. A quienes defienden esa política les pediría que mirasen a la cara a una sola de esas personas y le explicasen por qué han elegido su destino sin preguntarle dónde tiene a los suyos.

Quiero hablar también de nuestra memoria. En la Alemania nazi, los primeros campos de concentración sirvieron para encerrar y aterrorizar a opositores políticos. Entre los perseguidos hubo sindicalistas. Recordarlos exige rigor. Aquellos campos tuvieron una historia concreta de terror, encierro y muerte. El centro que hoy se propone en Ruanda se anuncia como una instalación abierta. ¿Por qué traigo aquí esa memoria? Porque al recordar a los perseguidos europeos solemos devolverles justamente lo que la persecución quiso quitarles. Buscamos sus fotografías. Recuperamos sus oficios. Preguntamos por las personas a las que quisieron. Quisiera que fuéramos capaces de mostrar esa misma curiosidad por un ser humano que hoy está vivo y a tiempo de contarnos él mismo su historia.

Hay un documento que cualquiera puede consultar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es el reglamento de retornos aprobado en octubre de dos mil veintiséis. Su artículo catorce permite celebrar acuerdos con terceros países bajo determinadas condiciones. Entre ellas está el respeto al principio de no devolución. Conviene leerlo por una razón que cabe en una frase. Que el reglamento permita negociar un acuerdo no obliga a ningún ministro a firmarlo. Quien decida hacerlo tendrá que defender esa decisión con su nombre, ante sus ciudadanos. Y quien nos diga que viene impuesto desde Bruselas tendrá que explicar dónde está escrita semejante obligación.

Pensemos ahora en qué consiste una garantía. Si a mí me dicen que podré recurrir una decisión, lo primero que necesito es una copia que pueda leer. Lo segundo es un teléfono que funcione, un lugar donde hablar en privado y alguien que me explique a qué autoridad dirigirme. A veces basta que falte una de esas tres cosas para que un derecho quede fuera del alcance de la persona que lo necesita. Por eso les pedimos que publiquen las evaluaciones. Quien afirme que ha previsto cada uno de esos problemas debería poder enseñarnos el documento en que constan las respuestas.

En la reunión de Viena estuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su oficina explicó que había ofrecido asesoramiento sobre el respeto a las normas internacionales. En ese comunicado insistió en la importancia de un procedimiento de asilo completo y justo. Si mañana un gobernante invoca la presencia de las Naciones Unidas en aquella mesa, recordemos lo que hizo allí cada uno. Los ministros propusieron el centro. La agencia ofreció asesoramiento. Nadie puede pedirle a una organización internacional que asuma la responsabilidad política de una decisión que corresponde a los gobiernos.

Y tenemos un precedente que merece ser leído despacio. En dos mil veintitrés, el Tribunal Supremo británico examinó otro plan relacionado con Ruanda. Aquel gobierno pretendía enviar allí a solicitantes de asilo para que sus peticiones se decidieran en ese país. El tribunal apreció un riesgo real de que pudieran acabar devueltos a lugares donde sufrirían persecución. El proyecto que se discute hoy sitúa el traslado después de la decisión europea. Son procedimientos distintos. La enseñanza que me importa sigue siendo pertinente. Un juez tuvo que mirar más allá de las promesas escritas y preguntarse qué le podía ocurrir, en la práctica, a la persona que bajase de aquel avión.

Eso mismo pido a nuestros representantes antes de que comprometan dinero público. Que llamen a declarar en sus parlamentos a juristas y a personas que hayan pasado por un procedimiento de asilo. Que escuchen también a organizaciones ruandesas con independencia para discrepar de su gobierno. A una mesa donde se decide la vida de otros le faltan sillas. Y las primeras que hay que añadir son las de quienes tendrán que vivir con las consecuencias de lo que allí se firme.

Los gobiernos sostienen que este proyecto ayudará a combatir a quienes se lucran con las travesías peligrosas. Combatir a quien se enriquece poniendo vidas en riesgo merece todo mi apoyo. Les pido que expliquen cómo el traslado de una persona que ya está en Europa permitirá perseguir a quien cobró por hacinarla en una embarcación. ¿Qué investigación se abre? ¿Qué red se desmantela? ¿Qué vía segura tendrá mañana quien reciba una amenaza de muerte y deba marcharse esta misma noche? A esas preguntas se contesta con medidas que podamos examinar. Un billete de avión expedido a nombre de quien hizo la travesía deja intacta la pregunta sobre quien se llevó el dinero.

Hay decisiones que aún se pueden deshacer sin pedirle a nadie que rehaga su vida. Esta es una de ellas. Pedimos a los cinco gobiernos que abandonen la negociación y renuncien a los traslados a Ruanda bajo este proyecto. Que publiquen los borradores, los costes previstos y las evaluaciones de derechos humanos. Que expliquen ante sus parlamentos quién respondería si una persona sufriese daños y qué autoridad podría ordenar una reparación. Y pedimos algo que debería poder exigir cualquiera de nosotros. Que toda persona comprenda la decisión que le afecta, pueda consultar a un abogado y llegue a tiempo ante un juez cuando esté en juego su integridad.

A quien esté viendo esto quizá le separen de mí muchas opiniones sobre las fronteras o sobre cómo debe organizarse la inmigración. Le propongo que firme algo preciso: que estos cinco gobiernos detengan el proyecto antes del primer traslado. Es una exigencia que se puede cumplir. Bastaría que quienes se sentaron a negociar en Viena volvieran a sus parlamentos y dijeran públicamente que han escuchado a la ciudadanía y que abandonan la propuesta. Les pedimos que lo hagan mientras la decisión sigue en sus manos.

Si comparte esta petición, fírmela y hágala llegar a otra persona que quiera leerla y decidir por sí misma. Y a los ministros que se reúnen para hablar de retornos les dejo una última pregunta. Si mañana fuera su hermano quien recibiese esa orden, ¿se conformarían con saber que en algún lugar, a miles de kilómetros, hay una cama para él? ¿O exigirían que alguien se sentase a escucharlo antes de llevárselo? Ese derecho que reclamarían para su hermano es el que hoy reclamamos para un desconocido.

Y le invito a dar un paso más. Firme la petición pública para pedir a los gobiernos implicados que abandonen este proyecto. La dirección aparece ahora en pantalla. También puede escanear el código QR y compartir el enlace. Su firma suma una voz más en defensa de los derechos humanos.

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