Este pasado lunes 8 de marzo conocimos por la prensa la intención de la Junta
de Andalucía de suprimir una línea en el colegio de nuestros hijos, el CEIP Lope de
Vega en Almería.

Esta reducción de plazas de educación infantil se da también en los colegios Mar de Alboran y Madre de la luz de Almería, pero afecta también a 4000 plazas de escolares en toda Andalucía.

Una noticia sorprendente, ya que tradicionalmente la oferta actual se completa
prácticamente a principios de curso y permite a nuevos niños ingresar en una escuela pública a lo largo del año. Dicho cierre se ha tomado antes de finalizar el
procedimiento de admisión, antes de la reubicación de aquellos niños y niñas que no han obtenido plaza en su centro prioritario.

La reducción de plazas no se corresponde con una menor necesidad de plazas
escolares ni con la promesa del Sr. Consejero de Educación Javier Imbroda de reducir las ratios en las clases.

Entendemos que con esta medida se está mermando la capacidad decisoria de la
libre elección de centro para nuestros hijos e hijas. Se promulga la libre elección de
centro por parte de las familias, en este caso no se ha respetado, ya que cuando se
solicitan los centros para el curso académico 2021-2022, las opciones en segundo
lugar de prioridad en adelante se quedan mermadas al no tener plaza en dicho centro.

Entendemos que mientras hay unidades creadas en los centros educativos, deben
respetarla hasta que termine todo el procedimiento y si una vez finalizado el
procedimiento no hay admisiones suficientes, tomen la decisión que ustedes tengan
que tomar; pero recuerden que la bajada de ratio es primordial para mejorar la
calidad educativa de nuestros hijos e hijas.

Lejos de cumplir esa promesa, oferta para nuestro colegio (en concreto) y el resto de colegios afectados 28 plazas en una sola línea, lo que supera la ratio, ya bastante ajustada, de 25 alumnos.
- La bajada de ratios sería una solución deseada y admitida por toda la comunidad
educativa para proporcionar una mejor atención a las niñas y niños. En cambio la
administración pone de manifiesto que prima el factor económico sobre los intereses del alumnado y la calidad de la enseñanza. Además deja constancia que no se cuenta ni se escucha la opinión de los y las docentes ni de la comunidad escolar en general.

Se trata de un gravísimo ataque a la EDUCACIÓN PÚBLICA, aquella que la mayoría de familias elegimos, aquella que defiende nuestros valores constitucionales, aquella que cuenta con los mejores profesionales de la enseñanza y que requiere se refuercen sus recursos, ya que está lejos de ofrecer la calidad que nuestro país y nuestra comunidad necesita para construir una sociedad de futuro.