Cada año, miles de familias como la mía decidimos hacer un esfuerzo económico muy importante para llevar a nuestros hijos e hijas a colegios privados. No somos ricos, no buscamos privilegios: buscamos una educación que se adapte a nuestras necesidades, convicciones o simplemente a lo que creemos mejor para nuestros hijos.

Y lo hacemos pagando dos veces: con nuestros impuestos (como todo el mundo), y también el colegio.

Lo más grave es que el Estado se beneficia económicamente de esta decisión: cada alumno que no ocupa una plaza pública supone un ahorro medio de entre 5.000 y 7.000 euros anuales para las arcas públicas.

Según los últimos datos, más de 1,5 millones de alumnos en España están escolarizados en colegios privados no concertados. Eso significa que las familias estamos ahorrándole al Estado más de 9.000 millones de euros al año, sin recibir a cambio ninguna compensación fiscal. Ni deducción, ni incentivo, ni ayuda.

Si mañana todos sacáramos a nuestros hijos del colegio privado y los inscribiéramos en el público, el sistema educativo colapsaría: no hay suficientes plazas, ni docentes, ni recursos. Y sin embargo, Hacienda no reconoce nuestra aportación.

Por eso pedimos que se cree una deducción fiscal justa y proporcional para las familias que escogen libremente un colegio privado, descargando al sistema público y asumiendo todo el coste de la escolarización.

Porque no pedimos privilegios. Pedimos justicia fiscal y reconocimiento social.

Las familias que llevamos a nuestros hijos al colegio privado ahorramos miles de millones al Estado, pero no recibimos ni una deducción fiscal. ¡Firma por una educación más justa!