El abuso sexual infantil es una realidad oculta y ocultada que implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de desigualdad de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.

Cualquier forma de violencia sexual contra los niños y las niñas es un problema social que tiene consecuencias en su vida, en su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que el niño o la niña víctima se desarrolla. De ahí que los ámbitos para la intervención en la protección de los niños y las niñas contra este tipo de violencia incluyan, desde la familia y su entorno social, a los ámbitos educativo, sanitario y policial, así como el legislativo y de políticas públicas.

Es urgente establecer una fiscalía y un juzgado de instrucción especializados en violencia infantil para garantizar que estos casos sean tratados con la seriedad y el conocimiento especializado que merecen. Firma esta petición para proteger a nuestros menores y asegurarles un futuro libre de violencia.

Nuestra Demanda:

Exigimos una intervención multidisciplinaria y coordinada que abarque todos los niveles de la sociedad para proteger a nuestros niños y niñas.

Esto incluye:

En el Hogar:

Fomentar un entorno seguro y educar a las familias sobre la prevención y detección temprana de la violencia sexual.

En la Educación: 

Implementar programas de concienciación y prevención en las escuelas, así como formación especializada para el personal educativo.

En la Salud:

Establecer protocolos de actuación inmediata en los servicios de salud para atender a las víctimas de violencia sexual.

En la Seguridad:

Mejorar la respuesta policial y judicial frente a los casos de violencia sexual, asegurando la protección y el respeto a los derechos de los menores.
En la Legislación y Políticas Públicas: Crear y reformar leyes que garanticen la protección integral de los niños y niñas, y asignar recursos suficientes para su implementación efectiva.