La Ley Integral contra la Violencia de Género quebranta de forma indirecta los derechos de igualdad y presunción de inocencia.

Muchos hombres han sido condenados injustamente, basandose solo en el testimonio de la denunciante. Esta ley conlleva una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía, especialmente en el caso de los hombres.Pedimos revocar esta ley inconstitucional y analizar todos los casos de las personas condenadas y que en estos momentos esten cumpliendo condenas en una prision,  poniendo en inmediata libertad a todos ellos que hayan sidos condenados sin pruebas solidas.

«No hay nada más discriminatorio y estigmatizante en España que la vigente Ley de Violencia de Género, que anula la presunción de inocencia del hombre y alberga un efecto perverso, permitiendo situaciones de abuso al no definir adecuadamente el maltrato.» Y tener que ser el denunciado el que debe aportar pruebas de su inocencia.

Una perversa e injusta ley que impone penas distintas a hombres y mujeres por los mismos hechos, obviamente más duras y severas a los primeros que a las segundas; una ley en la que está implícita la presunción de culpabilidad para los varones españoles.

La Ley de Violencia de Género ha creado unos tribunales de excepción, encargados de juzgar a los hombres que son denunciados por las mujeres.

Estamos hablando de una ley que determina que en la práctica, todo, o casi todo es calificable como delito de «maltrato», si el sujeto activo es varón.

Una Ley que culmina el largo proceso de discriminación masculina «por cuestión de sexo» promovido por el feminismo radical en nuestro país. Porque hoy, para el aparato del Estado, el varón es un ciudadano de segunda en muchos aspectos de su vida. Hasta el extremo de negársele la propia condición de ciudadano, con la supresión de derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de trato o a la presunción de inocencia.