El 28 de junio de 2012 la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Valenciana publicó en el DOGV nº 6806 de la citada fecha la convocatoria de ayudas para libros para el curso 2012-2013. En dicha convocatoria, la Consellería hacía alusión a una partida presupuestaria de 28.748.810 € con cargo a la línea de subvención T0067000, del capítulo IV, de la sección, servicio,centro gestor y programa 09.02.01.422.20, de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012 (DOCV nº 6682, de 30 de diciembre). En dicha convocatoria se daba la oportunidad de acceso a una beca/ayuda para libros del curso 2012-2013 para alumnos que estudiaran en centros públicos y concertados de la Comunidad Valenciana.

Hacia Enero de 2013 salieron las listas definitivas de aceptados y denegados a dicha convocatoria de ayudas y al igual que mis hijas, miles de estudiantes de la Comunidad Valenciana.

Hoy por hoy, nos encontramos en Marzo de 2014. Ha pasado ya el citado curso escolar y nos quedan escasos tres meses para finalizar el curso 2013-2014 y los miles y miles de estudiantes que fueron beneficiarios de dicha ayuda no hemos recibido, todavía, la ayuda concedida.

En nuestro caso hemos elevado una queja al Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) de la Comunidad Valenciana quejándonos de esta situación y a fecha 18 de marzo de 2014 dicho ente nos contesta que " RECOMIENDAN a la Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas que adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar las ayudas para la adquisición de libros de texto a las familias beneficiarias o, en su defecto, establezca un calendario de pago razonable".

Nuestra indignación rebosa esta recomendación y las libertades y garantías que se están vulnerando con el hecho supuesto de que había un presupuesto para dichas ayudas y estemos en el segundo año desde la concesión de las mismas y todavía no se hayan tomado las medidas adecuadas para la liquidación de las ayudas.

Exigimos el abono inmediato de las citadas ayudas ya que si nos amparamos en el artículo 27 de nuestra Carta Magna que reconoce a todos los ciudadanos el derecho de educación sin discriminación de cualquier tipo así como el derecho universal a acceder a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, se están vulnerando estos últimos derechos.