QUIENES AQUÍ FIRMAMOS EXIGIMOS LA RENUNCIA DEL FISCAL GENERAL Y DE LA FISCAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

¡NO MÁS CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD!

Por discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias debe renunciar el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales.

Por las deficiencias en su desempeño, por su cuestionada actuación y porque ha dejado de manifiesto su interés en proteger a varios funcionarios corruptos, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, también debe renunciar.

LOS HECHOS

Desde su llegada a la FGE, Óscar Montes de Oca no ha dado resultados. Existen miles de de expedientes descansando sobre los escritorios sin avance en las investigaciones, y solo reciben trato especial aquéllos expedientes que se tratan de asuntos de enorme valor económico. Además, elementos de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron formal denuncia en contra del titular de esta dependencia, Oscar Montes de Oca Rosales, por los presuntos delitos de discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y/o lo que resulte.

Entre los hechos que dieron lugar a la denuncia están el que diversas personas contratadas recientemente en la FGE perciben sueldos mayores a los aprobados en el presupuesto de egresos 2020 para la Fiscalía, es el caso de Jessica Saraí Ramírez Lozano, quien con como agente de la policía de investigación, y con menos de un año de servicio, cobra mensualmente 26 mil 900 pesos mientras que el querellante, con 22 años de servicio en la Fiscalía percibe un salario de 15 mil 700 pesos. De acuerdo al tabulador aprobado para la FGE, el sueldo de un agente de la policía ministerial de investigación es de 15 mil 285, según los anexos del presupuesto de egresos 2020, publicados en el Periódico oficial del Estado el 10 de enero de este año.

Otro de los hechos que dieron lugar a la querella del policías ministeriales es que las personas de nombres Rubén Zarif Ávalos Garnica contratado como “auxiliar administrativo” y con un sueldo de 6 mil 484 pesos mensuales, y Fátima Yamile Ávalos Garnica, con puesto de “auxiliar del Ministerio Público” y sueldo de 13 mil pesos mensuales, en realidad no se presentan a su centro de trabajo a ejercer la función para la que fueron contratados, es decir, serían lo que coloquialmente se conoce como aviadores.

Alrededor de 400 policías de investigación se encuentran en paro escalonado en Cancún y Chetumal inconformes por los privilegios de los que goza el personal traído de la Ciudad de México por el Fiscal Óscar Montes de Oca, y en reclamo de aumento salarial, armamento, equipo e insumos para realizar su trabajo.

Por otro lado la Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, debe renunciar. Su posición es insostenible luego de sus declaraciones en las que defiende al magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En marzo de 2018 Somos Tus Ojos interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo en contra de Fernando Gama Rodríguez, luego de que se acreditara que éste laboró del 2008 al 2015 en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, en una plaza de confianza, y por lo tanto no cumplía con el requisito constitucional de haber radicado en Quintana Roo los 10 años anteriores a su designación. Gama Rodríguez ocultó al Congreso que laboró en el Estado de México de 2008 al 2015 y presentó un curriculum con información falsa en el que plasmó que en 2006 laboró en MGM Consultores Fiscales S.C., y posteriormente, en el 2014 se desempeñó como “asesor” en la Correduría Pública número 13 de Playa del Carmen, y que además impartió conferencias para el Colegio de Contadores y fungió como asesor externo.

La Fiscal Anticorrupción también ha demostrado un rotundo fracaso en los procesos seguidos en contra de los ex funcionarios de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y más de una decena de enjuiciados han salido libres frente a las acusaciones intentadas por Rosaura Villanueva Arzápalo, como recientemente reseñó un diario estatal.

Rosaura Villanueva Arzápalo fue juez penal durante la administración de Roberto Borge Angulo, y renunció al Poder Judicial en enero de 2015 en medio de cuestionamientos sobre su desempeño. El Poder Judicial catalogó de información reservada el finiquito pagado a su ex trabajadora, aunque un columnista local publicó documentos en los que se muestra que Villanueva Arzápalo recibió irregularmente un finiquito de un millón de pesos.