Pedimos que se apruebe una ley o decreto que impida que todo político saliente pueda  ejercer cargo alguno en cualquier empresa que haya tenido contratos con entidades públicas durante su legislatura.

Cargos ministeriales y de responsabilidad en el gobierno, tanto del estado como en las autonomías, no dejan de acceder a consejos de administración y otros cargos en pago a los servicios prestados a través de leyes, decretos y todo tipo de normas para favorecer a esas grandes empresas que les garantizan, al acabar sus (no) servicios a la nación, un retiro dorado.

Los precios de la electricidad, el gas, el agua, telefonía, las autopistas... y otros servicios básicos relativos a infraestructuras y servicios no dejan de ser abusivos por las ayudas de los distintos gobiernos que hemos tenido hasta ahora.

Como ciudadanos de un Estado democrático solicitamos respeto y que se apruebe esta ley en sede parlamentaria para que sea ejemplar y aplicada por todos los partidos políticos.