El 4 de marzo de 2018, los países de América Latina y el Caribe adoptaron, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú́). Este Acuerdo Regional se basa en lo establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Ambiente y el Desarrollo de 1992.

Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la cooperación para la protección de defensores del ambiente.

A pesar de la importancia de este acuerdo para la consolidación y garantía de los derechos ambientales, el Estado de Colombia aun no ratifica el Acuerdo de Escazú, lo cual representa una actitud contraria a la tradición colombiana de adoptar los principales instrumentos internacionales de Derechos Humanos y es de mayor preocupación en el contexto actual de amenazas y asesinatos de lideres sociales y defensores de derechos ambientales, en el cual, la misma Corte Constitucional ha identificado como un déficit de protección constitucionalmente inadmisible (Corte Constitucional, Sentencia 095 de 2018).

Con esta petición solicitamos al Estado de Colombia ratificar el Acuerdo de Escazú y, adopte las medidas necesarias y adecuadas para garantizar los derechos ambientales, entre ellos el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y la protección de los defensores ambientales.

Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales – GIDCA

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – Bogotá

Correo: gidca_fdbog@unal.edu.co