Por los Derechos Jurídicos del Santuario Ballenas y Delfines Uruguay

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Se quiere proponer un nuevo marco legal, un Decreto, cuya idea en verdad es mucho más antigua -Pachamama, Gaia o Gea, etc.- capaz de reconocer y proteger la naturaleza como sujeto de derecho y no como un recurso, desarrollando normas de carácter vinculante que reconozcan su personalidad jurídica.

¿Debe la naturaleza tener derechos propios y la posibilidad de ejercerlos? ¿Debe la legalidad considerarla como sujeto de derechos? ¿Es más, debería tener la consideración de persona jurídica? A pesar de que en Uruguay u otros países del mundo, pueda parecer una idea casi inconcebible y con nada o poco recorrido, al día de hoy ya encontramos derechos de la naturaleza recogidos en textos constitucionales como en Ecuador, Bolivia, India, Nueva Zelanda y Colombia.

El Santuario Uruguayo de Ballenas y Delfines alberga miles de especies entre ellos mamíferos marinos, peces y aves marinas. Este ecosistema incluye hábitats esenciales para la reproducción y alimentación de aves marinas, desove y crianza de peces, y medios propicios para favorecer la reproducción de la ballena franca austral -fecundación, nacimiento y cría-. Sin embargo, en la actualidad 102 especies marinas que viven en esta área están amenazadas, vulnerables, en peligro o en peligro crítico.

Las aguas costeras y abiertas de Uruguay son susceptibles de numerosas amenazas tales como el tráfico de buques, el enmalle en redes de pesca y la contaminación, incluidos los desechos sólidos, el escurrimiento agroquímico y PCBs. De este modo, el Santuario de Ballenas y Delfines busca asegurar la protección legal de cetáceos, especies preponderantes del Santuario, contra tales amenazas con el fin de mantener un ecosistema sano, evitando el colapso de la pesca y atrayendo el ecoturismo. Este decreto concretiza el reconocimiento de derechos inherentes del Santuario y de los cetáceos, así como de los principios que lo rigen con el objetivo de asegurar la protección de la biodiversidad y su restauración.

En el caso de Ecuador, el gran logro que han conseguido es la constitucionalización de los Derechos de la Naturaleza. Con ello, se consigue asentar un cambio lento pero profundo, a través del condicionamiento de toda la legislación del estado, y en consecuencia, la jurisprudencia, la doctrina y por tanto concerniendo a las actitudes de los actores políticos. De este modo otorgamos a los principios rectores y fundamentos que pretendemos defender el nivel más alto jurídicamente posible. Su implementación a las diversas leyes del estado provendrá de la norma más alta en rango de un ordenamiento jurídico, la norma magna. Así conseguiremos que en aquellos supuestos en el que aparezca un conflicto de intereses, en que se cuestione el pleno desarrollo de los principios constitucionales, la resolución final siempre deba encaminarse e inclinarse a aplicar los preceptos que aparezcan en la Constitución [1].



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