Feb 25, 2018
La Comisión Inter Americana de Derechos Humanos, en el mes de Febrero de este año 2018, ha hecho llegar a las partes, una comunicación en la que otorgan cuatro meses para emitir conclusiones y proceder luego a dictar resolución de fondo. No sin antes otorgar la oportunidad a las partes, más precisamente al Estado, para que ofrezcan alternativas o propuestas para resolver en forma amistosa la petición iniciada en el año 2006.
Como es claro que el Estado de Costa Rica, el año pasado 2017, se limitó a responder en un afán de que se rechazara la petición y con ello largos 11 años de espera para que se haga justicia, es muy improbable pero no imposible que no desee retractarse y ofrecer a la victima de las violaciones de derechos humanos, las vías para restituir, subsanar y reparar los daños y perjuicios ocasionados. Esto sería lo más loable que siempre estar negándose a reconocer el país con más popularidad como defensor de los derechos humanos, para llevar paz y justicia a la victima.
Normalmente el Estado de Costa Rica, ha buscado en otros casos los medios para atrasar lo irremediable y llevar el asunto ante la Corte Inter Americana de Derechos Humanos, donde finalmente condenan al país a ejecutar a favor de la victima los extremos solicitados por estar ajustados a la convención de derechos humanos.
Esta larga espera ha significado lo mismo que la victima haya estado encarcelada por más de 10 años en una celda, pues mientras el Poder Judicial costarricense denegó todas las gestiones tendientes a que se resolviera lo correspondiente en el año 2008, no queda más acciones que las que ahora están en manos de la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos, en Washington. En el proyecto inocencia de los Estados Unidos, se ha verificado que es categorico los errores de los Tribunales de Justicia, y se ha condenado a inocentes por violaciones a los derechos del procesado.
En Costa Rica, en el 2005, el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, condenó injustamente a un inocente, violentando sus derechos y sin obtener respuesta por parte del Poder Judicial, quien le negó el derecho a la apelación y en la casación se limitaron a confirmar la condena y las subsiguientes gestiones simplemente copia de lo que fue la sentencia condenatoria, por el temor a ser firmes y anular la sentencia en la que se demostraba que no hubo un juicio justo y que le negaron al procesado todo derecho de defensa, lo que en el sistema judicial se conoce como DEBIDO PROCESO.
Hoy antes de que finalice el año 2018, la petición ante la C.I.D.H., debe ser contundente y enviar un mensaje de que no importa el tiempo, es momento de que se haga JUSTICIA y que el sistema interamericano de derechos humanos, al que se encuentra suscrito Costa Rica, si cumple con sus objetivos y funciona.
Cada vez más la JUSTICIA está más próxima y debemos apoyar sin descansar con más firmas para exigir a la CIDH, que no afloje, aunque se trate de COSTA RICA, que no se deje influenciar y que no se olvide que un caso de violación de derechos humanos que llega a la Corte, es un aporte más a la democracia, y a la protección de los derechos humanos del hemisferio americano.
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