Las menores de edad de nuestro país están en riesgo al ser forzadas a ser madres, por ello pedimos que se revalúe el anteproyecto de Ley que crea un subsidio estatal para apoyar a las víctimas de violación sexual, ya que, una ayuda mensual de setenta y cinco dólares por tres años no es el mecanismo adecuado para reducir la problemática. 

En primer lugar, toda menor embarazada constituye víctima de violación sexual carnal puesto que en la legislación panameña los menores de edad no pueden consentir. Nuestro Código Penal en su artículo 144 despenaliza el aborto en casos de violación debidamente acreditada. Necesitamos un sistema que fortalezca este derecho y que acredite los delitos de violencia sexual de manera eficaz.

El anteproyecto en su artículo segundo necesita exigir el contacto personal del imputado, puesto que se exige únicamente el contacto del responsable del pederasta, y no todo pederasta está bajo el cuidado de otro adulto responsable por razones de enfermedad mental. Además de esto, sería oportuno crear un sistema de registro público de ofensores sexuales y hacer un estudio psicológico del perfil de dichos individuos. 

Necesitamos además leyes que fortalezcan la reparación a víctimas y protección a testigos.

La inclusión del Ministerio de Desarrollo es un punto positivo, que sería provechoso complementar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 

Sabemos que la Honorable Diputada tiene las mejores intenciones con la niñez y juventud de nuestro país, por ello amablemente le pedimos una revaluación de dicho anteproyecto antes de pasar a debate. Nuestras niñas necesitan educación, protección y en calidad de víctimas; reparación. Pero en ningún caso, ser forzadas a llevar un embarazo no deseado y convertirse en madres.

Ayúdanos firmando esta petición para tener leyes más justas y fraternales con las víctimas de tan atroz delito.