

Suspenciónde Francisco Parra Barbosa por violencia de género
La causa
San Luis Potosí, S.L.P., 20 de julio de 2020
Lic. Juan Manuel Carreras López
Gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí
Lic. Jorge Andrés López Espinosa
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Lic. María Eugenia Padrón García
Contralora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Dr. Alejandro Zermeño Guerra
Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
CC. Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Titular del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí
A las mujeres del Estado de San Luis Potosí
A los medios de comunicación
A la sociedad en General
Mediante esta carta abierta, las organizaciones y mujeres firmantes hacemos saber nuestro rechazo a los actos de violencia de género presuntamente perpetrados por el abogado Francisco Parra Barbosa en contra de su hermana Blanca N. el pasado lunes 20 de julio del presente año; sucesos que se hicieron del dominio público al ser publicados en las redes sociales de la víctima y ser retomados en diversos portales de noticias de la entidad, actos que consisten en ataques físicos contra la susodicha que le causaron lesiones que requirieron hospitalización.
Así mismo, manifestamos nuestra preocupación como mujeres, feministas y ciudadanas mexicanas, de que el presunto agresor sea trabajador burócrata al servicio del estado en dos Instituciones Públicas: en el departamento de capacitación dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Universidad Autónoma, en dónde se encuentra adscrito a la Dirección de Fortalecimiento Humano; espacios que requieren de atención a usuarias y usuarios, por la naturaleza de sus actividades, y exigen una conducta intachable apegada a normas éticas y a lineamientos de conducta, por lo que, a todas luces, los actos cometidos por parte Francisco Parra Barbosa, quien durante años se ha presentado como un defensor de derechos humanos, resulta incongruente y violatoria de diversas disposiciones legales y reglamentarias al golpear a una mujer y ciudadana, causándole daño.
Teniendo en cuenta el Estado de Derecho en el que vivimos, es útil y asertivo señalar las disposiciones constitucionales del artículo 1° de la Carta Magna, párrafo tercero, que a la letra dice:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que enuncian los derechos de mujeres y de mujeres víctimas de violencia, señalando que la protección y asistencia a las mujeres víctimas o en situación de riesgo de violencia, tiene por objeto promover su desarrollo integral, empoderamiento y participación en todos los niveles de la vida privada, económica,política, laboral, profesional, académica, cultural y social.
En este sentido, el estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí establece en su artículo 110:
Son causas graves de responsabilidad imputables a cualquier miembro universitario:
...
III. Actos contrarios a la moral, a la integridad física y al respeto debido a todos los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
El Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señala también los siguientes principios y valores que debe acatar toda persona que ostente en esta Institución algún cargo público
Principio general sexto, capítulo II, Principios del servicio público,
I.- LEGALIDAD: La obligación de las y los servidores públicos de la Comisión de mantener la conducción de las acciones estrictamente apegados a derecho, respetar y cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí así como; leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas vigentes que regulen su función.
XIV.- INTEGRIDAD: El actuar congruente con principios, rectitud, honestidad y probidad, atendiendo siempre a la verdad de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, con en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.
Principio séptimo, capítulo III. valores
II.- RESPETO: El conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propicien el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. III.- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: respetar los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizarlos, promoverlos y protegerlos de conformidad con los Principios de: a) Universalidad; que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. b) Interdependencia; que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí. c) Indivisibilidad; que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables. d) Progresividad; que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.
Capitulo IV, principio general octavo, sobre las reglas de integridad y conducta
XI.- Del Desempeño Permanente con Integridad: Las y los servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, deberán conducirse de acuerdo a los principios y valores del presente Código de Ética, con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad, con el fin de garantizar su actuar frente a las personas en general. Así como también, las o los servidores públicos que desempeñan un empleo, comisión o cargo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberán presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses, en los términos establecidos por la ley en materia de responsabilidades.
Con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas y nuestro genuino interés en el cese a la violencia contra las mujeres, exigimos:
1.- Justicia pronta y expedita para Blanca N., así como todas las mujeres y niñas víctimas de violencia
2.- Que las instancias correspondientes actúen con estricto apego a la perspectiva de género y derechos humanos, así como la aplicación de los protocolos de investigación en la materia.
3.- Pronunciamiento sobre este caso por parte del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, así como la vigilancia de los procesos de acceso a la justicia de la presunta víctima y de los procedimientos administrativos dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la respectiva Contraloría Interna.
4. Suspensión provisional de Francisco Parra Barbosa de los cargos que ocupa en ambas instituciones públicas e impedir que de cualquier tipo de atención a usuarias y usuarios hasta que no se resuelva su responsabilidad en los actos mencionados.
5. Inmediatamente destitución del cargo que ocupa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de hallarse culpable, sanción contemplada en 110, 111 y 114 del estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
6. Que la Contraloría Interna de la Comisión Estatal conozca y dé curso a la investigación correspondiente, así como a las sanciones aplicables por sus conductas violatoria en calidad de servidor público que ostenta Francisco Parra Barbosa de conformidad a lo estipulado en los artículos 74, fracción VIII y IX del reglamento interior de la CEDH.
7. Destitución inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de San Luis Potosí de hallarse culpable.
De la misma forma, queremos manifestar que nos deslindamos de cualquier partido político y organización externa a quiénes firman al calce y negamos cualquier motivación para hacer esta carta con sus respectivas exigencias que no sea el compromiso que como mujeres y feministas tenemos para acabar con la violencia hacia las mujeres, por lo que cualquier ataque violento hacia las mujeres y niñas no puede ser tolerado, mucho menos viniendo de un trabajador del Estado.
¡Ni una agresión sin respuesta!
¡Si tocan a una, respondemos todas!
Carmen Meléndez Silva
María de los Ángeles Escobar Castillo
Arely Torres Miranda
Mariana Prieto Montañez
Dinorath Peralta Saucedo
Mariana Juárez Moreno
Liliana Sánchez García
Fátima Patricia Hernández Alvizo
Gloria de los Angeles Flores Sánchez
Cecilia Vázquez
María Guadalupe Sujei Salazar Sandoval
Cinthia Itzel Rodríguez Cebrián
Fátima Patricia Hernández Alvizo
Laura Judith Hernández Hernández
Liliana Isabel González Hernández
María Fernanda Romero Moctezuma
Elisa Arguelles Reyes
Yoloxochitl Esparza
Cynthia Elizabeth Pachicano Cruz
Eloisa Patlán González
Dulce María Mireles Lozano
Rocio del Pilar Dávila Arellano
Nadia Irazú Ramos Quiróz
Sandra Gallegos Candelaria
Alejandra Balduvín Álvarez
Zamira Silva Ramos
Margarita Tobias
Leticia Martínez Martínez
Martha Guadalupe Rocha Martínez
Yolanda Lucía Valverde Macías
Aranza Gabriela Lara Téllez
Catalina Zamora Huerta
Janeth Alejandra Vargas Pillado
Astrid Torres Torres
Nelly Adriana López Soto
Lilia May Salazar
Jimena Rosillo Goñi
Ariana Serna
Abril Azul Flores Rios
Guisela García Reyes
Tesa Eliana Oliva Sosa
Amanda Lucía Hernández Aguilar
Jannet Issaura Pelaez Ortiz
Mariana Andrade Hernández
Daniela Guadalupe González Méndez
Karina Velázquez Gallegos
Brianda Maura Martínez Lara
Graciela De León Martínez
Elvia Beatriz Carranco Núñez
Mónika Guadalupe Rosas Torres
Laura Yazmín Ramírez Hernández
Olivia Martínez Vázquez
Diana Cecilia Rodríguez Ugalde

Petición Cerrada
La causa
San Luis Potosí, S.L.P., 20 de julio de 2020
Lic. Juan Manuel Carreras López
Gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí
Lic. Jorge Andrés López Espinosa
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Lic. María Eugenia Padrón García
Contralora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Dr. Alejandro Zermeño Guerra
Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
CC. Lic. Erika Velázquez Gutiérrez
Titular del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí
A las mujeres del Estado de San Luis Potosí
A los medios de comunicación
A la sociedad en General
Mediante esta carta abierta, las organizaciones y mujeres firmantes hacemos saber nuestro rechazo a los actos de violencia de género presuntamente perpetrados por el abogado Francisco Parra Barbosa en contra de su hermana Blanca N. el pasado lunes 20 de julio del presente año; sucesos que se hicieron del dominio público al ser publicados en las redes sociales de la víctima y ser retomados en diversos portales de noticias de la entidad, actos que consisten en ataques físicos contra la susodicha que le causaron lesiones que requirieron hospitalización.
Así mismo, manifestamos nuestra preocupación como mujeres, feministas y ciudadanas mexicanas, de que el presunto agresor sea trabajador burócrata al servicio del estado en dos Instituciones Públicas: en el departamento de capacitación dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Universidad Autónoma, en dónde se encuentra adscrito a la Dirección de Fortalecimiento Humano; espacios que requieren de atención a usuarias y usuarios, por la naturaleza de sus actividades, y exigen una conducta intachable apegada a normas éticas y a lineamientos de conducta, por lo que, a todas luces, los actos cometidos por parte Francisco Parra Barbosa, quien durante años se ha presentado como un defensor de derechos humanos, resulta incongruente y violatoria de diversas disposiciones legales y reglamentarias al golpear a una mujer y ciudadana, causándole daño.
Teniendo en cuenta el Estado de Derecho en el que vivimos, es útil y asertivo señalar las disposiciones constitucionales del artículo 1° de la Carta Magna, párrafo tercero, que a la letra dice:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que enuncian los derechos de mujeres y de mujeres víctimas de violencia, señalando que la protección y asistencia a las mujeres víctimas o en situación de riesgo de violencia, tiene por objeto promover su desarrollo integral, empoderamiento y participación en todos los niveles de la vida privada, económica,política, laboral, profesional, académica, cultural y social.
En este sentido, el estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí establece en su artículo 110:
Son causas graves de responsabilidad imputables a cualquier miembro universitario:
...
III. Actos contrarios a la moral, a la integridad física y al respeto debido a todos los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
El Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señala también los siguientes principios y valores que debe acatar toda persona que ostente en esta Institución algún cargo público
Principio general sexto, capítulo II, Principios del servicio público,
I.- LEGALIDAD: La obligación de las y los servidores públicos de la Comisión de mantener la conducción de las acciones estrictamente apegados a derecho, respetar y cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí así como; leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas vigentes que regulen su función.
XIV.- INTEGRIDAD: El actuar congruente con principios, rectitud, honestidad y probidad, atendiendo siempre a la verdad de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, con en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.
Principio séptimo, capítulo III. valores
II.- RESPETO: El conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propicien el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. III.- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS: respetar los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizarlos, promoverlos y protegerlos de conformidad con los Principios de: a) Universalidad; que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. b) Interdependencia; que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí. c) Indivisibilidad; que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables. d) Progresividad; que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.
Capitulo IV, principio general octavo, sobre las reglas de integridad y conducta
XI.- Del Desempeño Permanente con Integridad: Las y los servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, deberán conducirse de acuerdo a los principios y valores del presente Código de Ética, con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad, con el fin de garantizar su actuar frente a las personas en general. Así como también, las o los servidores públicos que desempeñan un empleo, comisión o cargo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberán presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de intereses, en los términos establecidos por la ley en materia de responsabilidades.
Con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas y nuestro genuino interés en el cese a la violencia contra las mujeres, exigimos:
1.- Justicia pronta y expedita para Blanca N., así como todas las mujeres y niñas víctimas de violencia
2.- Que las instancias correspondientes actúen con estricto apego a la perspectiva de género y derechos humanos, así como la aplicación de los protocolos de investigación en la materia.
3.- Pronunciamiento sobre este caso por parte del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, así como la vigilancia de los procesos de acceso a la justicia de la presunta víctima y de los procedimientos administrativos dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la respectiva Contraloría Interna.
4. Suspensión provisional de Francisco Parra Barbosa de los cargos que ocupa en ambas instituciones públicas e impedir que de cualquier tipo de atención a usuarias y usuarios hasta que no se resuelva su responsabilidad en los actos mencionados.
5. Inmediatamente destitución del cargo que ocupa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de hallarse culpable, sanción contemplada en 110, 111 y 114 del estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
6. Que la Contraloría Interna de la Comisión Estatal conozca y dé curso a la investigación correspondiente, así como a las sanciones aplicables por sus conductas violatoria en calidad de servidor público que ostenta Francisco Parra Barbosa de conformidad a lo estipulado en los artículos 74, fracción VIII y IX del reglamento interior de la CEDH.
7. Destitución inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de San Luis Potosí de hallarse culpable.
De la misma forma, queremos manifestar que nos deslindamos de cualquier partido político y organización externa a quiénes firman al calce y negamos cualquier motivación para hacer esta carta con sus respectivas exigencias que no sea el compromiso que como mujeres y feministas tenemos para acabar con la violencia hacia las mujeres, por lo que cualquier ataque violento hacia las mujeres y niñas no puede ser tolerado, mucho menos viniendo de un trabajador del Estado.
¡Ni una agresión sin respuesta!
¡Si tocan a una, respondemos todas!
Carmen Meléndez Silva
María de los Ángeles Escobar Castillo
Arely Torres Miranda
Mariana Prieto Montañez
Dinorath Peralta Saucedo
Mariana Juárez Moreno
Liliana Sánchez García
Fátima Patricia Hernández Alvizo
Gloria de los Angeles Flores Sánchez
Cecilia Vázquez
María Guadalupe Sujei Salazar Sandoval
Cinthia Itzel Rodríguez Cebrián
Fátima Patricia Hernández Alvizo
Laura Judith Hernández Hernández
Liliana Isabel González Hernández
María Fernanda Romero Moctezuma
Elisa Arguelles Reyes
Yoloxochitl Esparza
Cynthia Elizabeth Pachicano Cruz
Eloisa Patlán González
Dulce María Mireles Lozano
Rocio del Pilar Dávila Arellano
Nadia Irazú Ramos Quiróz
Sandra Gallegos Candelaria
Alejandra Balduvín Álvarez
Zamira Silva Ramos
Margarita Tobias
Leticia Martínez Martínez
Martha Guadalupe Rocha Martínez
Yolanda Lucía Valverde Macías
Aranza Gabriela Lara Téllez
Catalina Zamora Huerta
Janeth Alejandra Vargas Pillado
Astrid Torres Torres
Nelly Adriana López Soto
Lilia May Salazar
Jimena Rosillo Goñi
Ariana Serna
Abril Azul Flores Rios
Guisela García Reyes
Tesa Eliana Oliva Sosa
Amanda Lucía Hernández Aguilar
Jannet Issaura Pelaez Ortiz
Mariana Andrade Hernández
Daniela Guadalupe González Méndez
Karina Velázquez Gallegos
Brianda Maura Martínez Lara
Graciela De León Martínez
Elvia Beatriz Carranco Núñez
Mónika Guadalupe Rosas Torres
Laura Yazmín Ramírez Hernández
Olivia Martínez Vázquez
Diana Cecilia Rodríguez Ugalde

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Petición creada en 21 de julio de 2020