CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y A LOS COLOMBIANOS

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La causa

Pronunciamiento firme de los Profesionales de la Salud en defensa de la verdad, la dignidad del cuidado y la legitimidad del sistema de salud

Los profesionales de la salud de Colombia, presentes en el país y a nivel internacional, nos unimos en un solo cuerpo ético, técnico y humano para rechazar y denunciar categóricamente las reiteradas declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro, que constituyen una grave injuria contra los médicos, el personal de salud y organizaciones como Keralty y su presidente, quienes han sido fundamentales para garantizar el cuidado integral de millones de personas y para el desarrollo social y humano del país durante más de cinco décadas.

Acusar sin fundamento a los actores clave del sistema de salud de prácticas criminales, o señalar de manera generalizada a los médicos y profesionales de salud por supuesta negligencia, vulnera su dignidad, desacredita su labor y constituye una transgresión directa a los deberes constitucionales del Presidente. En su calidad de Jefe de Estado y símbolo de la unidad nacional, está obligado a actuar con responsabilidad, proteger la confianza institucional y abstenerse de estigmatizar, desde el poder, a quienes han consagrado su vida al cuidado de la salud de los colombianos.

Difundir afirmaciones sin evidencia técnica ni judicial, señalar sin pruebas, estigmatizar sin fundamento y debilitar sin criterio, incumple el deber de garantizar el orden público y atenta contra principios fundamentales del Estado Social de Derecho: legalidad, debido proceso y respeto al buen nombre. Utilizar el poder ejecutivo para promover narrativas infundadas, no solo deslegitima la función presidencial,  sino que pone en riesgo la seguridad de miles de trabajadores de la salud, profundiza la desconfianza ciudadana, erosiona la gobernabilidad y agrava la crisis social, económica y política que atraviesa Colombia. 

En este contexto, la calumnia y la mentira se convierten en una amenaza directa a la estabilidad nacional.  Por lo cual manifestamos que:

1. Los profesionales no somos ni seremos jamás el enemigo de Colombia: somos el pilar ético, técnico y humano del país que legitima el contrato social por la salud:

Rechazamos con firmeza toda narrativa que distorsiona la verdad y abre peligrosamente la puerta a la violencia. Este tipo de discursos fractura el contrato social, que ha sostenido la confianza de la sociedad en los profesionales y en su compromiso por cuidar desde el conocimiento, la evidencia científica y el respeto por la dignidad 

Durante la pandemia —en medio del miedo, la escasez y la incertidumbre— el talento humano, las organizaciones de salud respondieron con ciencia, ética y valentía. Nuestra entrega fue —y sigue siendo— total. Desconocer ese compromiso es una afrenta moral, un acto de ingratitud y un golpe al corazón de la salud

No permitiremos que se nos silencie ni se degrade nuestra vocación. Y tomaremos las medidas  necesarias para proteger nuestra integridad, dignidad y labor.

2.  Enfrentamos una crisis estructural del sistema de salud que amenaza la vida:

Colombia enfrenta una crisis estructural del sistema de salud que amenaza la vida de millones de personas. Los datos son claros y alarmantes:

·  Déficit acumulado superior a 20 billones de pesos.

·  Siniestralidad por encima del 100 %, con cierres masivos de EPS y prestadores.

·  Crecimiento sostenido de tutelas y quejas por barreras en el acceso.

·  Desfinanciamiento de programas de alto costo y atención primaria.

·  Progresión de enfermedades prevenibles, muertes evitables y deterioro acelerado de la salud mental.

A esto se suma un panorama crítico que ya desborda la capacidad del sistema de salud:

·  Más años, menos salud: Hoy, más de 7 millones de colombianos mayores de 60 años (14 % de la población) enfrentan riesgos crecientes de enfermedad, soledad y dependencia.

·  Más enfermedades, más complicaciones: 8 de cada 10 adultos mayores sufren dos o más enfermedades crónicas, lo que aumenta complicaciones, hospitalizaciones y deterioro en la calidad de vida.

·  Muertes que se podrían evitar: Enfermedades como cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares causan más del 70 % de las muertes en Colombia.

·  Más gasto, menos sostenibilidad: El costo por enfermedades crónicas crecerá en un 40 %, comprometiendo la estabilidad financiera del sistema y el acceso a una atención digna.

3. Más de 30 millones de personas enfrentan los riesgos de un sistema intervenido, 9 EPS del régimen subsidiado y contribuido sin garantías ni soluciones reales:

Actualmente, nueve EPS se encuentran bajo intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS, Emssanar y Coosalud. Esta figura implica la toma de posesión directa por parte del Estado, que asume la gestión administrativa, operativa y financiera de las entidades, en un intento por mitigar su deterioro y garantizar la continuidad del servicio.

En este contexto, el más reciente informe de la Contraloría General de la República revela una situación crítica y creciente. La deuda total acumulada del sistema de salud asciende a 32,9 billones de pesos, de los cuales 24,4 billones corresponden a EPS actualmente intervenidas. A esto se suma un aumento sostenido de las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) y de las tutelas por acceso a servicios de salud, lo que refleja un colapso progresivo en la capacidad de respuesta del sistema. Evidencia de investigadores colombianos, basada en datos del sistema de salud, demuestra que las intervenciones y liquidaciones de EPS pueden tener efectos graves y sostenidos.

En el caso evaluado se registró un aumento del 25 % en la mortalidad, especialmente en personas con enfermedades crónicas. Estas acciones generan impactos estructurales:

  • Fragmentación de redes y ruptura en la coordinación del cuidado.
  • Menor acceso, calidad, oportunidad y continuidad en la atención
  • Aumento de desperdicios y costos
  • Desgaste emocional y moral del talento humano en salud.
    Pérdida de confianza de pacientes y familias en el sistema

.4. Reconocemos con contundencia un hito jurídico que recupera la confianza y restablece el Estado Social de Derecho

La Comunicación de la  Sentencia SU-277/25 de la Corte Constitucional representa un hito histórico. Al declarar ilegal la intervención de EPS Sanitas, esta decisión restablece el Estado Social de Derecho, protege la democracia y reivindica la legalidad frente a decisiones arbitrarias y sin fundamento jurídico ni técnico.

5. Declaramos nuestro compromiso inquebrantable con los Colombianos 

Nos declaramos listos para asumir el liderazgo ético, técnico y humano que esta crisis exige, y avanzar —con evidencia, conocimiento, datos, justicia y compasión— en la reconstrucción del sistema de salud colombiano.  

Hacemos un llamado a los Colombianos para salvaguardar la verdad, pues la desinformación desde el poder y la estigmatización del personal de salud no solo ponen en riesgo la democracia y la legitimidad institucional, sino que comprometen la vida misma de los colombianos.  

La salud no puede ser rehén del conflicto político. La vida, la dignidad y la verdad no se negocian.

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