Maricarmen es una de las muchas personas que han sido víctimas de las estrictas y a menudo injustas leyes de desahucio en España. Ella trabajó incansablemente durante años para ofrecer un hogar seguro a sus hijos, pero cuando perdió su empleo debido a la crisis económica, se encontró con la amenaza del desalojo. A pesar de sus esfuerzos por negociar con el banco, fue expulsada de su vivienda, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad.

Este es solo uno de muchos casos en los que las leyes actuales no protegen adecuadamente a las familias trabajadoras como la de Maricarmen. Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en 2022 se produjeron más de 11,000 desahucios solo en el primer trimestre del año, afectando a miles de familias indefensas. Esto no solo es una violación a los derechos humanos básicos, sino que también contribuye al aumento de la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad.

Proponemos una reforma urgente de las leyes de desahucios en nuestro país. Esta reforma debe incluir medidas como una mayor regulación para la renegociación de deudas, protección efectiva para familias en vulnerabilidad económica, y alternativas habitacionales para aquellos que no pueden mantenerse en sus hogares actuales.

Necesitamos que el gobierno escuche nuestras voces y tome acciones inmediatas para proteger a las familias y garantizar que todas las personas tengan derecho a una vivienda digna, especialmente en momentos de crisis financiera.

Solicitamos a todos que firmen esta petición para exigir un cambio real en nuestras leyes de desahucios. Juntos podemos hacer que nuestras voces sean escuchadas y proteger el derecho fundamental a un hogar para todos.