Dirigida al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
“Cállate mamacita.”
Esa frase no es una opinión más en televisión.
Es el reflejo de una cultura que históricamente ha intentado silenciar a las mujeres, especialmente cuando exigen justicia para sus hijos.
En México se pretende normalizar que cuando una mujer exige una pensión proporcional a la capacidad económica del padre, se le llame interesada.
Se cuestiona el monto.
Se cuestiona su intención.
Se cuestiona su derecho a exigir.
Pero lo que casi nunca se cuestiona es la obligación.
El Artículo 4° de la Constitución establece que el interés superior de la niñez debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de las y los menores a un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral.
El Código Civil y de familia establece, que los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades económicas de quien los proporciona y a las necesidades de quien los recibe.
Proporcional significa acorde a la capacidad económica real.
No simbólico.
No “lo mínimo”.
No “lo que quieras dar”.
No se trata solo de cubrir pañales o comida.
Se trata de educación, salud, estabilidad, vivienda digna y oportunidades.
Se trata de que hijas e hijos tengan acceso a un nivel de vida acorde al de sus padres.
El impacto cultural de minimizar estas exigencias es grave.
Cuando desde espacios mediáticos de alcance nacional se dice, implícita o explícitamente, que una mujer debería “aceptar lo que le dan”, se envía un mensaje social peligroso:
Que exigir derechos es ambición.
Que la maternidad debe ser silenciosa.
Que cuestionar es incomodar.
Eso perpetúa una cultura donde se normaliza que las mujeres no exijan, que agradezcan lo mínimo y que soporten el juicio público cuando defienden a sus hijos.
No estamos hablando de espectáculos.
Estamos hablando de derechos humanos.
Por ello solicitamos al CONAPRED:
Analizar si expresiones emitidas en medios nacionales pueden constituir violencia mediática o reproducción de estereotipos de género.
Evaluar el impacto cultural de narrativas que minimicen la exigencia de derechos de niñas y niños.
Emitir recomendaciones públicas que promuevan una cobertura con perspectiva de género y de derechos de la niñez.
Impulsar capacitación obligatoria en derechos humanos para espacios televisivos de entretenimiento.
La libertad de expresión no es sinónimo de irresponsabilidad.
Y la opinión pública no puede estar por encima del interés superior de la niñez y mucho menos perpetuar la violencia contra niñas, niños y mujeres. 
Si callan a una mujer que exige lo justo para sus hijos, intentan callarnos a todas.
Y no nos vamos a callar.

Una mujer no exige para si misma, es la voz de sus hijos y esas voces jamás serán calladas, jamás. 

Firma esta petición porque los derechos de niñas y niños no son negociables.