Ley que obligue al funcionario público a usar los servicios públicos de educación y salud

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Por una Ley que obligue a todo funcionario del Estado dominicano a educar a sus hijos en escuelas públicas y a recibir atención médica en hospitales públicos

1. Fundamentos

1.1 Legales

La Constitución de República establece, que “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las que derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” (Artículo 63, Derecho a la educación).

Asimismo, la Constitución estipula, que “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio.” (Artículo 63, numeral 3); “(…) velará por la gratuidad y la calidad de la educación general…” y “Tiene la obligación de ofertar el número de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales” (Ibídem, numeral 4); igualmente, “(…) es su obligación propender a la profesionalización, la estabilidad y dignificación de los y las docentes” (Ibídem, numeral 5); y “(…) debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas, de conformidad con lo que establece la ley.” (Ibídem, numeral 7).

Por otro lado, la Constitución establece la salud integral de todos los dominicanos como un derecho fundamental, por lo que en consecuencia: “El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran” (Art. 61, numeral 1).

Asimismo, las leyes orgánicas de educación y de salud y el Derecho internacional ratifican la responsabilidad del Estado de garantizar a toda la población el derecho de acceso a servicios de educación y de salud en cantidad suficiente y de calidad.

A continuación, el estado general de la educación y la salud, a través de una serie de indicadores seleccionados.

1.2 Situación general de la educación

1.2.1 Cobertura en educación primaria y secundaria

A pesar de los preceptos constitucionales y legales señalados más arriba, la cobertura y la calidad de la educación dominicana siguen siendo muy bajas. Es así como la cobertura a nivel de la primaria es de alrededor del 83%, mientras que el porcentaje promedio de la misma para América Latina y el Caribe (ALC) es de 92%. Vale destacar, que países con PIB per cápita (PPP) similar al de República Dominicana, tienen unas coberturas educativas notablemente mayores que éste; y también, incluso un país como Nicaragua, cuyo PIB per cápita (PPP) es casi tres veces menor que el dominicano, tiene una cobertura primaria que es 14% mayor que éste. Igualmente, la cobertura en educación secundaria deja mucho que desear: la media latinoamericana y caribeña es de 75.6%, mientras que en Republica Dominicana es 10% menor.

La tasa de analfabetismo sigue siendo relativamente elevada, cercana al 8% de la población (Banco Mundial, 2015).

En cuanto a la calidad de la educación, los resultados no son para nada halagüeños. Para citar algunos ejemplos, los resultados que obtienen los alumnos dominicanos en matemáticas y en lectura son similares a los obtenidos por los de cuba en 1997 (UNESCO, citado por  Attali, 2010).

Por otro lado, estimaciones sobre los resultados que la República Dominicana obtendría en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, la ubicaban en el segundo peor lugar en las pruebas de matemáticas y ciencias, y en el tercer peor en la de lectura, de un total de 67 países (Hausmann et al., 2011). Estas estimaciones han sido de hecho más que confirmadas en 2015, cuando República Dominicana participa por vez primera en PISA: de un total de 72 países, nuestro país obtiene el último lugar en las pruebas de ciencias y matemáticas, y el cuarto peor lugar en la de lectura (PISA, 2015).

Otro dato alarmante que da cuenta de la bajísima calidad del sistema educativo dominicano, es el que comparten Hausmann et al. (2011), donde señalan que, según la Escuela de Pedagogía de la UASD, los resultados de las pruebas de admisión aplicadas por el Colegio Universitario a los estudiantes de nuevo ingreso, revelaron que éstos tenían, en promedio, un nivel académico equivalente al sexto curso de la primaria.

1.2.2 Escuelas públicas vs. colegios privados

Con relación al tipo de prestador del servicio educativo, público o privado, de los casi 1 millón 660 mil estudiantes matriculados en educación básica, el 76.5% pertenece a escuelas públicas y el 22% a colegios privados; mientras que de los casi 580 mil matriculados en la educación media, el 79% corresponde a liceos públicos y el 19% a colegios privados. Sin embargo, cuando se observa la evolución de la matrícula de la educación básica, se advierte que en la última década han ingresado más de 110,000 nuevos estudiantes y que de éstos el 75.5% ha sido inscrito en colegios privados y apenas el 20% en escuelas públicas.

Pese a que determinados estudios, llevados a cabo por la UNESCO y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), han  demostrado que en la Republica Dominicana no existen diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de los alumnos de las escuelas públicas y colegios privados, estos datos evidencian que, a nivel de la educación básica, la gran mayoría de los padres está optando por matricular a sus hijos en escuelas privadas, sin antes probar las públicas; lo cual, puede estar fuertemente asociado a la desconfianza de los padres en la calidad del sector público, o en la convicción de que el sector privado al menos le garantiza que sus hijos reciban efectivamente las horas diarias de clase reglamentarias.

Por otro lado, según datos oficiales, en la última década indicadores de eficiencia de la educación básica (promovidos, repitencia y deserción escolar) en el sector público han mejorado; sin embargo, en la actualidad éstos siguen estando por debajo de los niveles alcanzados por el sector privado, en especial las tasas de promovidos y de repitencia.

Igualmente, los indicadores de eficiencia de la educación media o secundaria en el sector público son inferiores a los del sector privado, pero lo que más llama la atención es que las tasas de promovidos y repitencia de los liceos públicos han desmejorado en la última década.

1.2.3 Educación Superior

La única universidad pública existente en el país y que acoge a la gran mayoría de estudiantes, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), nunca ha recibido el presupuesto que le corresponde por Ley (5% del Presupuesto Nacional), recibiendo una asignación presupuestaria muy baja (1.3% del Presupuesto Nacional del 2017), lo que la lleva a tener una serie de carencias en términos infraestructura física, de recursos humanos, equipos y materiales y conflictos…, que se traducen en muy bajos niveles de eficiencia y calidad de la educación superior. Para sólo mencionar un dato de la baja calidad de la educación superior dominicana, en especial la pública, en el Concurso de Oposición Docente 2015 del MINERD, donde participaron profesionales de todas las universidades y de diversas carreras, sólo el 32% de participantes provenientes de la UASD aprobaron dicho concurso.

1.3 Situación general de la salud

En el sector salud la realidad no es distinta: los servicios de salud son de mala calidad. Por ejemplo, enfermedades, como la tuberculosis, tienen relativamente alta incidencia en el país. La incidencia de tuberculosis es un 50% mayor que el promedio que se registra en América Latina y el Caribe, incluso la tasa de detección de esta enfermedad es relativamente baja.

Las tasas de mortalidad materna e infantil son muy elevadas. Estas tasas son mucho mayores que las de países de América Latina y el Caribe cuyos ingresos son similares al nuestro. Las tasas de mortalidad materna e infantil son 37% y 72% mayores que la media de ALC, respectivamente.

Estas realidades reflejan cuán deficiente es el sistema público de salud.

La principal explicación de la precariedad del sistema de salud, se puede encontrar en la baja inversión pública, lo que se traduce en insuficiencia de personal médico, infraestructura sanitaria, equipos y materiales médicos. República Dominicana es uno de los países de la región que menos invierte en salud. Es así como, según HealthStats, el gasto público en salud como porcentaje del PIB en 2014 fue de 2.9% (en el presupuesto de 2017 sólo se consignó para salud el 2.1% del PIB), mientras que en el mismo año la media de este indicador para ALC fue de 3.7%. Incluso países de ingresos similares al nuestro (Ecuador, Colombia, Costa Rica) invierten mucho más en salud pública.  A esto hay que agregarle que un tercio (1/3) del gasto total en salud es cubierto por el propio bolsillo de los dominicanos (HealthStats, 2014).

2. El anteproyecto de ley que se propone

Ante el estado general de la educación y de la salud públicas antes descrito, a saber: los bajos niveles relativos de cobertura educativa, la preferencia de la gran mayoría de los padres de educar a sus hijos en colegios privados a nivel de la educación básica, mayores niveles de ineficiencia del sector público con relación al privado, el muy bajo nivel de financiamiento de la educación superior y, sobre todo, la crisis en la calidad de la educación; la alta incidencia de enfermedades, como la tuberculosis, las altas tasas de mortalidad materna e infantil, la insuficiencia del gasto público en salud, entre otros; se requiere para su solución, en el caso de la educación,  no sólo de un aumento del gasto en este sector, como ha ocurrido a nivel de la educación básica y media a partir del 2012, sino también un profundo y amplio proceso de reforma de todo el sistema educativo que se traduzca en mejoras significativas en el mediano y largo plazo; y en cuanto a salud, se hace urgente y necesario un mayor y más eficiente gasto público destinado a este sector.

Ante esta situación, por un criterio de ética pública; y para garantizar el compromiso concreto y directo de todos los funcionarios públicos y crearles, a su vez, incentivos de carácter personal y social de cara al desarrollo del proceso de reforma educativa que se necesita y a la mayor prioridad que requiere el sistema de salud (sobre todo un mayor y mejor gasto público); un conjunto de ciudadanos dominicanos, preocupados por el estado de deterioro de estos sectores sociales tan fundamentales para el desarrollo humano; propone y, a su vez, convoca a toda la sociedad y a los y las congresistas dominicanos a apoyar la aprobación e implementación de una Ley que obligue a todo funcionario público, electo o nombrado, incluyendo a sus cónyuges e hijos menores de edad, como condición para poder ejercer el cargo, a educarse en las escuelas públicas y en la universidad estatal (si los gastos universitarios corren por cuenta del funcionario), y a recibir atenciones médicas en hospitales públicos, sin privilegio alguno.

Como antecedentes de propuestas legislativas similares, se encuentran al menos tres: el proyecto de ley presentado por el senador brasileño por el PDT Cristovam Buarque en 2007, donde se estableció la obligatoriedad de todo funcionario electo de matricular a sus hijos en escuelas públicas; un proyecto de ley parecido, presentado en 2010 en Neuquén, Argentina, por el diputado del Bloque Frente Grande MUN, Rodolfo Canini (citados por Alejandro Bodart, 2012); y también, en 2012, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, el diputado por el Movimiento Socialista de los trabajadores (MST), Alejandro Bodart, presentó un proyecto de ley donde se estableció que todos los funcionarios públicos quedan obligados a educar a sus hijos en escuelas públicas así como a recibir atenciones médicas en hospitales públicos, exento de privilegios.

Finalmente, a continuación se presenta un extracto del anteproyecto de ley que se propone, cuyo borrador ha sido producto de un esfuerzo colectivo.

“LEY NO. __________ SOBRE OBLIGATORIEDAD DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE EDUCAR A SUS HIJOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y DE ATENDERSE EN HOSPITALES PÚBLICOS 

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto obligar a los funcionarios públicos, electos o nombrados, a usar, ellos y sus dependientes, los servicios públicos que brinda el Estado dominicano en materia de educación, educación superior y salud, como condición previa para poder ejercer su cargo.

Artículo 3.- Los funcionarios establecidos en el artículo 2 de la presente ley, tienen la obligación de presentar anualmente una declaración jurada en la que consten los siguientes datos:

a.       Apellido y nombre de sus hijas/os a cargo menores de dieciocho (18) años de edad, si concurren a establecimiento educativo o no; en caso afirmativo, nombre del establecimiento.

b.      Apellido y nombre de los integrantes del grupo familiar; en caso de recibir atención de salud, nombre del establecimiento.

Artículo 4.- El plazo de presentación de la declaración jurada vence el día 30 de diciembre de cada año por ante la Oficina de Fiscalización de los Funcionarios Públicos, en formato impreso.

Artículo 5.- Se crea la Oficina de Fiscalización de los Funcionarios Públicos, adscrita a Cámara de Cuentas, en un plazo no mayor de noventa días, a partir de la fecha de la promulgación de esta ley, la cual tendrá como función, comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas y controlar el cumplimiento de presentación de la declaración jurada por parte de los funcionarios obligados por la presente ley.

Artículo 11.- Sanciones por omisión de declaración. El funcionario obligado por la presente ley y que no obtempere dentro del plazo establecido en la misma, incurrirá en falta grave o de tercer grado, según sea el caso, de conformidad con la Ley No. 41-08, de Función Pública. 

Artículo 12.- Delitos de falsedad. Quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar la declaración jurada prevista en la presente ley, falsificare o ocultare los datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y/o multas de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno Central.

Artículo 14.- Los funcionarios públicos obligados por la presente ley, que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de promulgación de la misma, o sean eventualmente electos, nombrados o contratados después de dicha promulgación, tienen un plazo máximo de doce (12) meses para efectivizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de esta norma.”

Sabemos que la teoría jurídica contempla que un derecho fundamental puede ser limitado sobre la base de un test de razonabilidad, es decir que el beneficio de la limitación del derecho es mayor que el costo de la misma y que no habría otra vía jurídica y/o institucional de obtener el mismo resultado socialmente deseado. Se podría someter al test de razonabilidad por la limitación de derecho a la "libre elección" la propuesta que aquí hacemos. Lo que si podemos anticipar es que son muchas las limitaciones ya existentes en la República Dominicana y el mundo que se han establecido para asegurar que las actuaciones de los funcionarios públicos estén alineados con los intereses y necesidades de la sociedad. Basten tres ejemplos: 1) la limitación del derecho al trabajo de familiares de funcionarios públicos en la instituciones donde éstos laboran; 2) la limitación del derecho a elegir y ser elegido para prevenir y/o impedir los excesos poder que pueden suponer los proyectos reeleccionistas; y 3) la propia ley 87-01 de seguridad social que establece que los funcionarios públicos quedan obligados a afiliarse al Seguro Nacional de Salud (principal ARS pública), lo cual de hecho se ha venido violando sistemáticamente.



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