BUSCAN DEROGAR LA LEY 20.305 (ART. 6) DEL TRADUCTOR PÚBLICO
La causa
No a la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305: defendamos la seguridad jurídica
Petición al Poder Ejecutivo Nacional y a las autoridades competentes:
Solicitamos que se excluya de cualquier proyecto de reforma o desregulación la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305, que regula la actuación del Traductor Público en la República Argentina.
La eliminación de la exigencia de traducciones públicas para la presentación de documentos extranjeros ante organismos nacionales no representa una mera simplificación administrativa. Implica eliminar una garantía esencial para la seguridad jurídica.
El Traductor Público no solo traduce. Certifica, con su firma, sello y matrícula, la fidelidad de la traducción y asume responsabilidad profesional por su contenido. Esa responsabilidad protege a ciudadanos, empresas, inversores, organismos públicos y al sistema de justicia.
Permitir que documentos extranjeros produzcan efectos jurídicos mediante traducciones simples, realizadas por personas sin habilitación profesional o incluso mediante inteligencia artificial, sin control ni responsabilidad, incrementa el riesgo de errores, falsificaciones, interpretaciones incorrectas y fraudes documentales.
La Ley 20.305 no protege un privilegio corporativo. Protege el interés público.
Su derogación afectaría, entre otros:
La seguridad jurídica de actos y contratos.
La confiabilidad de la documentación presentada ante organismos públicos.
La protección de particulares y empresas nacionales y extranjeras.
La prevención del fraude documental.
La responsabilidad profesional por la fidelidad de las traducciones.
La confidencialidad de la información contenida en documentos sensibles.
En un país que busca atraer inversiones y fortalecer sus instituciones, reducir controles esenciales no genera mayor seguridad jurídica. La confianza se construye con profesionales responsables y mecanismos que garanticen la autenticidad y fidelidad de la documentación.
Por todo ello, solicitamos que el artículo 6 de la Ley 20.305 sea mantenido y que cualquier reforma en la materia sea debatida con la participación de los Colegios de Traductores Públicos, las universidades, especialistas en derecho, operadores del sistema judicial y la sociedad civil.
La modernización del Estado no debe significar la pérdida de garantías para los ciudadanos.
Firmá esta petición y ayudanos a defender una carrera altamente especializada y la seguridad jurídica del país.
2.702
La causa
No a la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305: defendamos la seguridad jurídica
Petición al Poder Ejecutivo Nacional y a las autoridades competentes:
Solicitamos que se excluya de cualquier proyecto de reforma o desregulación la derogación del artículo 6 de la Ley 20.305, que regula la actuación del Traductor Público en la República Argentina.
La eliminación de la exigencia de traducciones públicas para la presentación de documentos extranjeros ante organismos nacionales no representa una mera simplificación administrativa. Implica eliminar una garantía esencial para la seguridad jurídica.
El Traductor Público no solo traduce. Certifica, con su firma, sello y matrícula, la fidelidad de la traducción y asume responsabilidad profesional por su contenido. Esa responsabilidad protege a ciudadanos, empresas, inversores, organismos públicos y al sistema de justicia.
Permitir que documentos extranjeros produzcan efectos jurídicos mediante traducciones simples, realizadas por personas sin habilitación profesional o incluso mediante inteligencia artificial, sin control ni responsabilidad, incrementa el riesgo de errores, falsificaciones, interpretaciones incorrectas y fraudes documentales.
La Ley 20.305 no protege un privilegio corporativo. Protege el interés público.
Su derogación afectaría, entre otros:
La seguridad jurídica de actos y contratos.
La confiabilidad de la documentación presentada ante organismos públicos.
La protección de particulares y empresas nacionales y extranjeras.
La prevención del fraude documental.
La responsabilidad profesional por la fidelidad de las traducciones.
La confidencialidad de la información contenida en documentos sensibles.
En un país que busca atraer inversiones y fortalecer sus instituciones, reducir controles esenciales no genera mayor seguridad jurídica. La confianza se construye con profesionales responsables y mecanismos que garanticen la autenticidad y fidelidad de la documentación.
Por todo ello, solicitamos que el artículo 6 de la Ley 20.305 sea mantenido y que cualquier reforma en la materia sea debatida con la participación de los Colegios de Traductores Públicos, las universidades, especialistas en derecho, operadores del sistema judicial y la sociedad civil.
La modernización del Estado no debe significar la pérdida de garantías para los ciudadanos.
Firmá esta petición y ayudanos a defender una carrera altamente especializada y la seguridad jurídica del país.
Las voces de los firmantes
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Petición creada en 26 de julio de 2026