La asociación “Por Ucrania, por su libertad y la nuestra” y los abogados franceses Emmanuel Daoud y Gabriel Sebbah han entregado una comunicación ante la Unidad de informaciones y de elementos probatorios del despacho del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Esa comunicación tiende a ser complementaria de las investigaciones llevadas a cabo sobre el terreno por la CPI, el Fiscal general de Ucrania y las numerosas organizaciones y asociaciones presentes en Ucrania.

Esos hechos son de una excepcional gravedad

Desde el 1° de agosto de 2022, por medio de una tribuna publicada en el diario Le Monde, titulada “Deportar a los niños ucranianos y “rusificarlos” significa amputar el porvenir de Ucrania”, nuestra asociación alertaba a la opinión pública e interpelaba a los jefes de Estado y de Gobierno europeos sobre la urgencia de una intervención solemne frente a la Federación de Rusia. Desde el 1° de septiembre, una petición, “Salvemos a los niños ucranianos    BringBackUkrainianKids”, ha recogido 175 000 firmas, entre las cuales figuran las de numerosas personalidades. 

La comunicación que ha sido transmitida consta de 86 piezas que constituyen señales graves y concordantes de actos potencialmente genocidiarios que han sido cometidos y siguen cometiéndose en Ucrania. Una de las muestras más significativas de esos actos es el desplazamiento forzado de niños hacia Rusia y la adopción ilegal de muchos de ellos. 

Como lo indica nuestro abogado Emmanuel Daoud: “Todas las pruebas se encuentran aquí, ante los ojos de la opinión pública de todos los países, clasificadas, documentadas, al igual que los bombardeos rusos que constituyen crímenes de guerra contra los civiles ucranianos desde la invasión de su país por Rusia el 24 de febrero. Los más vulnerables de ellos, menores de edad, son víctimas de deportación; los adolescentes que se niegan a cantar el himno nacional ruso son encerrados en campos de reeducación. Esos hechos, en virtud del tratado de Roma (que instituyó la CPI), son crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad.”

Los responsables son altos dirigentes de la Federación de Rusia

Nuestra comunicación identifica claramente a los responsables de esos actos como los más altos dirigentes de la Federación de Rusia. Se trata de Vladimir Putin, de su ministro de Defensa Serguei Shoigu, del jefe de estado mayor general del Ejército Valeri Guerasimov, de Serguei Surovikin, comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, quien ya estuvo implicado en Chechenia y en Siria, de Timofei Sergueitsev, un intelectual allegado al poder, quien explicaba en una tribuna publicada en abril que “la desnazificación implica necesariamente una des-ucrainización”. Sin olvidar a la comisaria rusa a los Derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, hacia quien están dirigidas varias sanciones internacionales y que es, en nuestra opinión, el elemento clave dentro de ese sistema predatorio. 

Los jefes de Estado y de Gobierno, así como las instituciones internacionales, deben intervenir sin demora

La CPI, que ha abierto una encuesta preliminar sobre los crímenes cometidos en Ucrania desde el 2 de marzo, debe intervenir sin demora sobre ese expediente. Incluso si se persigue a los responsables, el tiempo juega en contra de integridad física y moral de los niños. 

La UNICEF debe salir de su silencio ensordecedor en el que se ha mantenido respecto a esas deportaciones, silencio que se puede aparentar a una complicidad. La UNICEF debe exigir poder visitar a esos niños y preparar las condiciones de su repatriación.

Los Gobiernos europeos deben intervenir con una declaración conjunta y solemne frente a la Federación de Rusia exigiendo el retorno de todos los niños deportados.  

El retorno de los niños deportados es una de las condiciones esenciales para una paz justa.