Por una vivienda digna en Fuerteventura

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En la actualidad, el acceso a una vivienda de alquiler en Fuerteventura se está convirtiendo en la pesadilla de muchas familias en situaciones precarias y no tan precarias.

Esta emergencia habitacional es consecuencia del aumento del precio del alquiler residencial, de la proliferación del alquiler vacacional  y de la falta de viviendas publicas.

Asistimos cada día a lanzamientos por impago de préstamos hipotecarios a menudo viciados por cláusulas abusivas, desahucios por impago de la renta de alquileres, extinción de contratos de alquiler en vivienda social, venta de viviendas públicas a fondos de inversión, desalojos penales por delito de usurpación, derribos de única vivienda sin solución habitacional alternativa, desahucios administrativos o desalojos en inmuebles adjudicados a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).

El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional (Art. 47 de la Constitución Española) que los poderes públicos de Fuerteventura, de Canarias y de Estado Español,  no pueden seguir ignorando. Es su obligación respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a una vivienda digna.

En todos los municipios de la isla, existen centenares de viviendas vacías desde hace más de 10 años que los bancos mantienen cerradas con fines especulativos. Estos bancos fueron rescatados con dinero público, por lo que instamos a los organismos responsables, a negociar con las entidades financieras para que estas viviendas pasen a disposición de la ciudadanía  a un precio de alquiler razonable según la situación económica de cada familia.

Por estas razones, solicitamos tanto a los 6 ayuntamientos de Fuerteventura, como al Cabildo Insular, al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado Español que busquen soluciones inmediatas a la falta de viviendas de alquiler en Fuerteventura, considerando el problema habitacional como una prioridad en sus acciones políticas.



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