Desdé el momento en el cual una titular de la oficina anticorrupción sale a defender  a un funcionario público, sin siquiera tener en cuenta la posibilidad de un ilícito moral, antes de investigar los datos está faltando con sus deberes de funcionario público.

     La ley  24.759, que ella ha jurado defender, en su artículo tercero inciso uno marca claramente las obligaciones morales que se deben tener al asumir como funcionario público y claramente sin importar la no percepción de un  capital un intendente debe declarar todas sus actividades laborales, esto se debe al posible tráfico de influencias. Mismo debido a las facilidades de una sociedad offshore se debe controlar que todos los que usaron a la misma para vender en el exterior hayan declarado las ventas ante la AFIP, de esta manera la actividad es completamente legal. Sólo por esto ella debería realizar una investigación de manera imparcial.

     El trabajo de la titular nos toca de una manera muy importante a todos y ella ha demostrado su no idoneidad para el mismo a través de sus acciones.