La Consejería de Educación de Murcia negó a Emma y a Yeray, residentes en Ulea (Murcia), y ambos con necesidades educativas especiales, su derecho a la elección de centro educativo, y por ende a una atención adecuada a sus necesidades educativas y sociales.

El CEIP “Villa de Ulea”, único colegio de la localidad, dispone de todos los recursos que necesitan las dos personas menores de edad, a excepción de la figura del Auxiliar Técnico Educativo (ATE). Y la Consejería de Educación decidió que debían matricularse en un centro educativo situado en otra ciudad, que, aunque cercana, obliga a la familia a utilizar transporte.

Con esa decisión se están vulnerando los derechos fundamentales de estas personas menores de edad, segregandolos e impidiendo la libre elección de centro escolar, con el consiguiente desarraigo de su entorno familiar y con las dificultades que conlleva para ellos el uso del transporte teniendo en cuenta sus características. Además de perjudicar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de la familia.

Con esta actuación queda de manifiesto la discriminación existente hacia los niños y niñas con necesidades educativas especiales, violando el derecho a la educación inclusiva. Emma y Yeray deben tener los mismos derechos que todos los niños y niñas, y no ser discriminados por su patología.

Apoya el derecho de Emma y Yeray a poder elegir Centro Educativo. Apoya su derecho a una protección especial para su desarrollo socio-educativo.

La Consejería de Educación les negó ese derecho y ahora es la Dirección General de Función Pública quien no facilita ese recurso educativo a su centro de referencia. El respeto a la diversidad se consigue con la inclusión educativa.