Que le retiren AMLO y MORENA la candidatura a Francisco Chiguil y que enfrente la justicia

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Los padres de las víctimas en el New's Divine exigimos a Morena y a Andrés Manuel López Obrador retirar la candidatura a Francisco Chíguil, responsable de la muerte de nuestros hijos a manos de su corrupción cuando fue delegado de la Gustavo A. Madero.

Para recordar la tragedia del New´s Divine comparto los hechos:

Fuente: Wikipedia

La tragedia de la discoteca New's Divine ocurrió en un bar-discoteca ubicado en la delegación Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México, donde la tarde del 20 de junio de 2008, fallecieron 12 personas y 16 fueron heridas de gravedad, mientras los jóvenes, menores de edad, en su mayoría festejaban el término del ciclo escolar de una escuela secundaria.

Los hechos ocurrieron tras un operativo policial del Gobierno de la Ciudad de México (entonces llamado Gobierno del Distrito Federal, GDF), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), entonces bajo la titularidad de Joel Ortega Cuevas; la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encabezada en el momento por Rodolfo Félix Cárdenas; entidades que a su vez conformaban el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal o Unipol que nació en mayo del 2008.

A través del decreto promulgado por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, (capital de México) Marcelo Ebrard Casaubón;1​ además de la delegación Gustavo A. Madero2​3​ encabezada en ese momento por Francisco Chíguil Figueroa.4​ La versión oficial del caso defendida por el Gobierno del Distrito Federal fue que la tragedia ocurrió por una estampida humana ocurrida en la salida del lugar, un pasillo estrecho, y una puerta que fue obstaculizada;4​5​ en tanto los padres y madres de las víctimas y testigos del operativo denunciaron brutalidad policial, que la puerta fue obstruida por los propios agentes en combinación con el uso de gas lacrimógeno4​ y que algunos elementos policiacos y cuerpos de emergencia actuaron negligentemente al negar la atención a personas heridas y detenerlas aún teniendo lesiones graves.4​

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acreditó que elementos policiacos de la SSP-DF cometieron detenciones arbitrarias,4​ abusos sexuales,4​ vejaciones4​ y brutalidad policiaca,4​ así como irregularidades en los procesos de dictaminación forense y entrega de los cuerpos de las personas fallecidas, dilación de procesos judiciales y obstaculización de la labor de medios de comunicación —publicando incluso un video editado sobre los hechos— y de defensores y/o observadores de derechos humanos.4​

Los días siguientes al suceso, el GDF propagó una serie de datos de las personas víctimas del New´s Divine a algunos medios de comunicación locales y nacionales y a través de ellos y con ellos se criminalizó a las y los jóvenes presentes durante la tragedia y a sus padres y madres en sus reportes sobre el caso, comunicando en algunas notas que quienes asistían esa tarde a la discoteca eran delincuentes, alcohólicos o drogadictos.6​ Sólo dos de las personas que fueron detenidas tenían niveles mínimos de alcohol en la sangre.5​

 La CDHDF encabezada entonces por Emilio Álvarez Icaza determinó que la acción policial fue concertada previamente,3​ que desde el diseño del operativo se perseguían objetivos diferentes a los que se anunciaron después como origen del mismo, que se pretextó una verificación de tipo administrativa para que la policía entrara sin una orden de cateo, que la causa de retener a los presentes mediante bloqueos era para presentar a las y los jóvenes como "pruebas" ante el Ministerio Publico del DF para acreditar el delito de corrupción de menores por los dueños del lugar, (venta ilegal a menores de 18 años de bebidas alcohólicas y drogas en el bar New´s Divine) y que el operativo no se realizó bajo los cuidados para la protección de las personas menores de edad, se implementó una indebido uso de la fuerza pública y que este no había sido planeado debidamente, por lo que "la acción de la policía durante la ejecución del operativo creó las condiciones para generar una trampa mortal".3​

Debido a ello se suscitó la tragedia, la cual fue evitable,3​ tuvo una reacción negligente por parte de las y los servidores públicos, priorizó la atención de emergencia a ellos y ellas y "no obstante que ya se conocían los resultados fatales del operativo, la misión siguió adelante y continuaron las violaciones a los derechos humanos de las y los jóvenes retenidos".3​ Tras varios años de la tragedia el único condenado penalmente por corrupción de menores ha sido el operador del lugar, Alfredo Maya Ortiz.6​



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