Exijamos a López Obrador que no se criminalice la protesta social en México

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Ciudad de México a 24 de Mayo del 2019. El día de ayer se aprobó la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que busca reglamentar aspectos como las detenciones y las manifestaciones, y aplicará a todos los policías y entes armados del país, entre ellos, la Guardia Nacional. Permite el uso de el uso de armas de fuego o letales en aquellas manifestaciones que considere ilícitas, el uso de “dispositivos que generen descargas eléctricas” y el escalamiento en el uso de la fuerza cuando las manifestaciones “se tornen violentas” o “atenten contra el orden público”.


Esta ley no protege ni garantiza el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión, reunión y asociación ejercidos en manifestaciones y todo tipo de reuniones y queremos que se vaya. Desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que, en consonancia con sus compromisos de campaña en materia de seguridad y libertad de expresión, ejerza la facultad de veto.


¿Quieres saber del por qué esta ley es un retroceso en la protección y garantía de derechos humanos?


Se responderá a continuación.


La perspectiva de control de multitudes (1) ha permitido en el pasado, abusos de autoridades en casos en que las calles han escuchado las protestas sociales ¿recuerdas Atenco? ¿Nochixtlán? ¿Chalchihuapan? ¿San Quintín?, un pasado que debe ser el punto de partida para generar un debate plural y democrático a partir de la expresión y manifestación de ideas.


1. ¿Qué significa que la Ley prohíbe el uso de armas de fuego o letales contra “manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”?


Quiere decir que si la autoridad considera que el ejercicio de derechos es “ilegal”, está respaldada por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública para usar  armas de fuego contra manifestantes. Esa consideración quedará a su entender de lo que sea ilegal y eso se presta a arbitrariedades y graves violaciones a derechos humanos, lo cual pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de quienes se manifiestan o acuden a mítines de cualquier índole, incluso culturales, además de que va en contra de normas internacionales de protección de derechos humanos.


Es importante mencionar que las manifestaciones, como fenómeno en el que confluye el ejercicio de todos los derechos, principalmente la libertad de expresión y reunión, no pueden considerarse o juzgarse desde antes de su ejercicio. En este sentido, las manifestaciones y reuniones cuentan con una presunción de legitimidad en tanto se constituyen como un medio para el ejercicio de derechos fundamentales y de vital importancia para la construcción de sociedades democráticas.


2. ¿Qué significa la activación y el escalamiento en el uso de la fuerza cuando las manifestaciones “se tornen violentas” o que “atenten contra el orden público”?


Imagina que exista una situación de violencia entre unos cuántos manifestantes durante una marcha de 20,000 personas; ante esto, las autoridades estarían facultadas legalmente para disolver o dispersar a todas las personas que participan en ella, quebrantando la participación ciudadana de la mayoría a través del espacio público, en caso de que la violencia persista, podrán implementar medidas con mayor impacto en los manifestantes.


En principio se escucha bien, que la reacción estatal sea proporcional a “la violencia” en las manifestaciones, sin embargo, hay un par de detalles a considerar:


1) que la violencia y la afectación al orden público son circunstancias totalmente interpretadas a partir de la discreción de autoridades, es decir no hay un criterio y la decisión de aumentar la fuerza podría ser arbitraria,


2) aún cuando se en una reunión o manifestación exista un evento violento, éste debería considerarse como un hecho aislado y no calificar a toda la reunión o marcha como “violenta”. Al no considerar lo anterior, autoridades podría justificar actos de represión, incompatibles con la garantía de derechos humanos en una democracia.


Además, existe el riesgo de que una de las consecuencias naturales de calificar una protesta como “violenta”, permita que autoridades criminalicen la protesta a partir de delitos que prohíben el  bloqueo de vialidades e incluso las expresiones ofensivas proferidas contra las autoridades (“ultrajes a la autoridad”).


3. ¿Qué significa que establezca un  listado de armas “incapacitantes menos letales”?


Las armas incapacitantes son dispositivos que dan como resultado reducir la movilidad de una persona durante una detención.


Sin embargo, resulta alarmante que la ley categoriza los “dispositivos que generen descargas eléctricas” o “bastón PR-24” (2) para el uso de la fuerza como armas incapacitantes “menos letales”.


Pero este tipo de armas son potencialmente letales, por ejemplo, el golpe con un bastón en órganos vitales o la descarga eléctrica en alguna persona, pueden derivar sin duda en la muerte. La legalidad del arma debe evaluarse con base en el daño indiscriminado que puede causarse a la persona sobre la que se usa.  


Y todavía hay más aspectos que se omiten, como:


- La obligación de los agentes de policía de portar su uniforme con identificación clara y el registro previo de armas e instrumentos que se utilizarán en operativos.

- La previsión y construcción de un órgano independiente de supervisión ciudadana de la actuación policial, un pendiente de especial relevancia que debe ser discutido y retomado en el debate sobre el Uso de la Fuerza y la configuración de un nuevo sistema de seguridad ciudadana en todos los niveles de gobierno (incluida la reglamentación de la Guardia Nacional).

- Que las acciones de seguridad, no deben entorpecer el desarrollo de las manifestaciones.


Desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) reprobamos la reciente aprobación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza por parte del Senado en los términos señalados y no abrir a la participación ciudadana su estudio.


En este sentido, exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que, en consonancia con sus compromisos de campaña en materia de seguridad y libertad de expresión, ejerza la facultad de veto reconocida en el artículo 72 constitucional, se retome la discusión de fondo por medio de una estrategia de Parlamento abierto y se abra al debate público la discusión debido a la relevancia nacional de esta legislación, que será aplicable por todos los institutos policiales del país en el marco de la Guardia Nacional.


La aprobación de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza Pública es un grave retroceso en el derecho a manifestarse y reunirse en México y pone en riesgo la vida democrática del país.


Para más información sobre la Ley Nacional de Uso de la Fuerza: www.libertadyprotesta.org


1. Artículos 16 y 40

2. Artículo 15

Crédito fotografía de @the_fluorescent_adolescent para @galeriaprotesta en Instagram