Hoy la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Aguas (LGA) y las reformas correlativas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN). Este avance legislativo, largamente esperado durante más de una década, representa un punto de inflexión para el país: por fin existe un instrumento que busca armonizar el derecho humano al agua con la gestión hídrica nacional, aunque persisten tensiones, riesgos y retrocesos señalados por organizaciones civiles, sectores productivos y especialistas.

Desde nuestra iniciativa en Change.org – Derecho Humano al Agua ya, y tras años de activismo, reuniones técnicas, participación en parlamentos abiertos, foros ciudadanos y mesas con legisladores, celebramos que el país avance hacia un nuevo marco normativo.

Pero también advertimos con rigor: el dictamen aprobado contiene aciertos importantes, pero también elementos regresivos en materia de derechos humanos que deben ser corregidos en el Senado. 

Este boletín sintetiza los principales avances, riesgos y preocupaciones, con base en los documentos oficiales aprobados y en los análisis críticos contenidos en los archivos técnicos disponibles.

1. Nuestra lucha: años de trabajo para llegar a este momento
 Durante años hemos impulsado:

Reuniones con legisladoras/es de comisiones clave.
Análisis técnicos y comparativos con estándares internacionales.
Vinculación con organizaciones comunitarias, usuarios del agua, pequeñas y medianas agriculturas, pueblos originarios y especialistas.
Campañas ciudadanas para visibilizar la urgencia del derecho humano al agua.
Participación en foros de la sociedad civil, parlamentos abiertos y espacios multilaterales.
 

Hoy, ese esfuerzo colectivo permitió que las preocupaciones sociales lleguen directamente al debate legislativo, obligando a revisar artículos que afectan derechos adquiridos, transparencia, propiedad social del agua y seguridad hídrica. Nuestro reconocimiento es para todas las personas que han acompañado este proceso. Este avance también es suyo.

 2. ¿Qué pasó hoy? La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva LGA
 El dictamen propone una nueva arquitectura de gobernanza hídrica, incorpora nuevos procedimientos de concesión, reasignación, caducidad, delitos hídricos, fondo nacional de reserva y controles sobre el uso del agua en diversos sectores. Si bien representa una modernización necesaria, también plantea riesgos por centralización, discrecionalidad y posibles regresiones a derechos humanos.

3. Análisis crítico del discurso oficial (mañanera 04/12/2025) Basado en el documento técnico de análisis legislativo. El Ejecutivo Federal afirmó que la oposición “desinformó” sobre la ley. Sin embargo, el análisis del texto aprobado demuestra que varias preocupaciones sí están fundamentadas en el dictamen, incluyendo retrocesos para pequeños productores, usuarios domésticos y comunidades.

Principales hallazgos:
 

🔹 1. 
Transmisión de concesiones (herencia y compraventa). Morena afirma que sí se podrá heredar y vender con concesión.
Contraargumento técnico: El Art. 22 establece que las concesiones no serán objeto de transmisión y solo la autoridad podrá reasignarlas.

➝ Esto limita derechos adquiridos y genera incertidumbre jurídica.
 

🔹 2. 
Venta de propiedades con títulos de agua. Morena afirma que sí será posible.
Contraargumento: Art. 28 faculta únicamente a la autoridad a reasignar volúmenes.

➝ No hay garantía de que el comprador conserve el derecho.
 

🔹 3. 
Criminalización del traslado de agua. Gobierno afirma que no se criminaliza.
Contraargumento: Art. 123 Bis establece penas de 2 a 10 años por traslado sin autorización.

➝ Esto afecta a pequeños productores y abre puertas a extorsión.
 

🔹 4. 
Regulación de ollas de captación. Gobierno lo niega.
Contraargumento: Art. 82 Bis exige autorización de CONAGUA para captación pluvial no doméstica.

➝ Incrementa burocracia y sanciones.
 

🔹 5. 
Renta de parcelas. Gobierno afirma que sí se podrá.
Contraargumento: Art. 54 exige reportes estrictos sobre volúmenes y objetivos de cultivo.

➝ Aumenta cargas administrativas para agricultura temporal.
 

🔹 6. 
Pozos domésticos. Gobierno afirma que no se afectará a usuarios domésticos.
Contraargumento: Art. 122 permite clausuras temporales o definitivas por parte de CONAGUA.

➝ La discrecionalidad es alta y sin mecanismos de rendición de cuentas.
 

🔹 7. 
Transparencia. Gobierno afirma que el sistema será transparente.
Contraargumento: La ley centraliza decisiones y carece de reglas claras sobre acceso público.

➝ Persisten riesgos de opacidad.
 

4.- Aciertos relevantes del dictamen:

● Reconoce el Programa Nacional Hídrico. Define estrategias, prioridades y políticas nacionales para un uso sustentable del recurso.

● Avanza hacia gestión basada en cuencas. En línea con estándares internacionales de gobernanza hídrica.

● Reconoce el derecho humano al agua. Lo coloca como criterio rector, al menos en la narrativa general.

● Crea un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales. Que permitirá reasignar recursos en función de disponibilidad.

● Endurece sanciones contra extracción ilegal a gran escala. Particularmente para casos de corrupción, acaparamiento o infraestructura fraudulenta.

5. Riesgos y retrocesos para derechos humanos

● Ambigüedad y discrecionalidad de la autoridad. Los procedimientos de reasignación, prórroga, caducidad y transmisión no están acompañados de garantías claras.

● Inseguridad jurídica para concesionarios. Incluyendo agricultores, sector pecuario y pequeños usuarios.

● Falta de mecanismos sólidos de participación. Los consejos consultivos no garantizan voz y voto efectivo de la sociedad, como pide el sector.

● Lagunas en la protección del derecho a la alimentación. El CNA advierte que no priorizar agua para alimentos vulnera este derecho.

● Problemas de temporalidad en prórrogas. Plazos insuficientes para asegurar continuidad operativa (art. 24).

● Riesgo de perder derechos por mejoras tecnológicas. La ley penaliza indirectamente el ahorro de agua al reducir volúmenes concesionados.

● Ausencia de mínimos y máximos presupuestarios. No se garantiza financiamiento público para cumplir el derecho humano al agua.

6. Evaluación científica y de política pública

Los sistemas hídricos con altos niveles de centralización suelen presentar ineficiencia y riesgo de corrupción.
La seguridad hídrica se fortalece cuando existe certidumbre jurídica, participación local y diseño flexible.
El derecho humano al agua requiere presupuesto, metas verificables, transparencia y sistemas independientes de control.
 

El dictamen avanza parcialmente, pero no incorpora los estándares establecidos en los Principios de Dublín, el Nexo Agua-Energía-Alimentación ni las recomendaciones internacionales de gestión integrada.

7. Oportunidades a futuro: lo que debe corregirse en el Senado
 ● Establecer mecanismos claros de transmisión, sucesión y compraventa de derechos.

● Garantizar voz y voto de sectores productivos, comunidades y sociedad civil.

● Crear indicadores obligatorios de cumplimiento del derecho humano al agua.

● Asegurar que el uso para producción de alimentos sea prioritario dentro del derecho a la alimentación.

● Reducir discrecionalidad en clausuras, sanciones y reasignaciones.

● Incluir metas presupuestarias y obligaciones de gasto.

● Crear un sistema nacional de transparencia hídrica.
 

8. Llamado a la acción
 Desde nuestra plataforma y movimiento ciudadano:

Reconocemos el avance que representa tener finalmente una Ley General de Aguas.
Celebramos el trabajo incansable de activistas, organizaciones y comunidades.
Agradecemos a quienes han firmado y apoyado nuestra iniciativa por años.
Pero también afirmamos con claridad: el derecho humano al agua debe ser garantizado sin regresiones ni discrecionalidad.
 

Llamamos al Senado de la República a corregir los vacíos, proteger derechos adquiridos, eliminar riesgos de criminalización y asegurar un modelo de gobernanza hídrica centrado en sostenibilidad, justicia y participación social.

El agua es vida.

El agua es derecho.

Y la defensa del agua es una causa colectiva que apenas comienza.