Gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena; Titular de la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México Víctor José López Martínez; Juezas del Centro de Justicia Oral de Mérida:

Wilberth Nahuat Puc es comisario de la comunidad maya de Santa María Chí, en Yucatán, y defensor del derecho de su pueblo al agua, al territorio y a la salud. Desde 2023 encabezó la lucha de su comunidad contra una megagranja porcícola de más de 40 mil cerdos operada por el Grupo Porcícola Mexicano subsidiaria de Grupo KUO y sus marcas comerciales Kekén y Kiniton. La empresa operó durante años sin cumplir con las autorizaciones ambientales, quemando residuos que contaminaban el aire, vertiendo lixiviados al acuífero kárstico y destruyendo los suelos donde la comunidad cultivaba sus alimentos. Niños, adultos mayores y familias enteras comenzaron a sufrir afectaciones a la salud mientras las autoridades guardaban silencio.

Después de más de tres años de resistencia pacífica, la comunidad logró que SEMARNAT y PROFEPA ordenaran el desalojo y desmantelamiento total de las instalaciones. Las autoridades federales confirmaron lo que la comunidad denunciaba: la contaminación era real y grave.

Sin embargo, Wilberth sigue siendo criminalizado.

En lugar de reconocer la legitimidad de la defensa comunitaria, la empresa respondió con denuncias penales por supuesta privación ilegal de la libertad y despojo. En octubre de 2025, un juez dictó el sobreseimiento de la carpeta en su contra. Pero la empresa apeló esa resolución, y el caso fue escalado hasta la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. El 17 de junio de 2026, Wilberth deberá comparecer nuevamente ante las juezas Mary Isabel Mex Tzab y Blanca Estela Góngora Alcocer, en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

La pregunta que el mundo debe hacerse es esta: si las autoridades federales confirmaron que la empresa contaminaba, ¿por qué sigue vigente la persecución penal contra quienes defendieron la vida?

Esta es la misma estrategia que la industria porcícola ha usado contra comunidades como Chapab y Sitilpech. Defender el agua, el aire, la tierra y la salud de sus hijos no puede ser un delito.

El caso ha sido documentado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En marzo de 2026, Santa María Chí se convirtió en la primera comunidad maya de Yucatán en recibir la visita oficial de un Relator Especial de Naciones Unidas en materia de sustancias tóxicas y derechos humanos.

Exigimos:

• El cierre definitivo e inmediato del proceso penal contra Wilberth Nahuat Puc por parte de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y de las juezas Mary Isabel Mex Tzab y Blanca Estela Góngora Alcocer.
• Que el Poder Judicial del Estado de Yucatán deje de ser utilizado como instrumento de intimidación contra personas defensoras del territorio indígena.
• Que el Grupo Porcícola Mexicano subsidiaria de Grupo KUO y sus marcas comerciales Kekén y Kiniton retiren de manera definitiva todas las acciones penales contra Wilberth Nahuat Puc y los integrantes de la comunidad de Santa María Chí.
• Que el Gobierno del Estado de Yucatán garantice un entorno seguro y libre de represalias para la comunidad de Santa María Chí, conforme al Acuerdo de Escazú.
• Que se avance en la reparación integral de los daños ambientales y a la salud causados a la comunidad.
• A los países que consumen carne producida por Kekén, Kiniton — Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Chile y otros — les pedimos que escuchen: detrás de esa producción existe una realidad de contaminación, destrucción ambiental y criminalización de comunidades indígenas que se han defendido prácticamente solas.

Firma y comparte. Cuando una comunidad defiende su territorio, defiende la memoria de sus ancestros y el derecho de las futuras generaciones a seguir existiendo.

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