Los Juzgados de Paz, suponen el primer escalón de la Administración de Justicia, y se caracterizan por su proximidad al ciudadano, sobre todo en aquellos núcleos de población ( más de ocho mil ) alejados de las grandes ciudades y cabezas de partido. Con un coste ínfimo para el Estado ( normalmente están servidos únicamente por dos funcionarios, y el juez de paz es lego, esto es, no profesional ) contribuyen a descongestionar los juzgados de las poblaciones más grandes, y a evitar cientos de miles o millones de desplazamientos a los ciudadanos de los núcleos de población más pequeños y alejados, con el consiguiente ahorro en horas de trabajo y gasto, para millones de ciudadanos. El ministro Ruiz Gallardón, mediante la reforma de la LOPJ , y a diferencia de otros paises mucho más avanzados que el nuestro( Alemania, Francia, Austria, Suecia, etc.) , pretende suprimir tanto los Juzgados de Paz como los registros civiles, centralizando los servicios judiciales en las capitales de provincia, y privatizando los Registros Civiles , lo que supondrá de facto, la privatizaciónde una parte importante de la Administración del Estado, con el consiguiente costo para los ciudadanos, ya que todos los actos efectuados en dichos ámbitos judiciales eran gratuitos, y a partir de ahora, gravarán aún más los ya diezmados bolsillos de los españoles, y sobre todo alejará para siempre la proximidad de la Justicia a millones de ciudadanos de todo el país.