POR LA NO APROBACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR POR SER NULA DE PLENO DERECHO

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URGENTE LLAMADO
AL PLENO DEL SENADO DE LA REPUBLICA


Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2017.


SENADORAS Y SENADORES DE LA REPÚBLICA

Nadie puede esperar que una institución militar formada mental y doctrinariamente por un largo periodo de autoritarismo, o de intervencionismo militar dominante y sin controles, concebida por un partido de Estado déspota, pueda aparecer de pronto, llena de sentimientos democráticos, colmada de respeto al pluralismo, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y de sobra, plenamente subordinada al poder civil ungido del voto ciudadano.

Los valores y principios de la democracia se arraigan inevitablemente de forma gradual, pues requieren de tiempo para ser asimilados por la institución militar, y aún más tiempo para que tales valores sean enteramente incorporados por los militares al concepto de Patria que están dispuestos a defender.

De la falta de estos valores, ustedes, el Senado de la República, históricamente son cómplices y responsables como también lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al desacatar el mandato que tienen para establecer controles sobre el Ejecutivo federal en el manejo del Ejército tal como lo previene nuestra Constitución General como una facultad exclusiva estipulada en la fracción XIV del artículo 73, “Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”. Así mismo por su negativa a dar cumplimiento a lo sancionado en el artículo 129 del mismo ordenamiento, que hace prohibitivo a las fuerzas militares de actuar y deliberar en tiempo de paz fuera de sus cuarteles.

Así las cosas, la Ley de Seguridad Interior que propone regularizar la presencia del Ejército en las calles, le otorga una nueva legislación que desborda sus facultades restringidas a la disciplina militar, cierra una pinza con la declaratoria de guerra contra las drogas; la abdicación del Estado mexicano en los temas de defensa y seguridad; el sometimiento de las fuerzas armadas al Pentágono a través de tratados de asistencia militar; la reforma de justicia penal; la Ley de Seguridad Nacional; la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Mando Único Policial; y la Gendarmería Nacional, que encaminan a instituir en México un Estado policiaco-militar de corte fascista.

La Ley de Seguridad Interior es el complemento de una maniobra concebida por la clase política y la oligarquía, operada en complicidad con los medios de comunicación, por grupos de poder sociales, empresariales, y los poderes públicos, para entregar a muestro país, sus recursos naturales, energía y su cultura a los intereses del gran capital transnacional.

Y no puede ser de otra manera, si no ¡Veamos! la aceptación del neoliberalismo impulsado por Miguel de la Madrid en la década de los 80, que rompe la política proteccionista y el sentido social del Estado mexicano; el Tratado de Libre Comercio para América del Norte de Carlos Salinas de Gortari, que abre indiscriminadamente las fronteras para bienes y servicios en 1994, lo que ha traído una afectación al campo, al sistema alimentario nacional y a la distribución de la riqueza.

La firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) de Vicente Fox Quezada, que hizo reformar la Constitución para poder entrometerse unilateralmente en los temas de Seguridad Nacional y constituir un estado supranacional de corte empresarial que abre de puerta abierta el tema de energía a espaldas del Congreso y de la sociedad en 2005.

La renuncia a la protección de nuestra integridad territorial y de defensa cuando Felipe Calderón, con la complicidad del Congreso y la aprobación de la SCJN, firma la Iniciativa Mérida, un tratado sobre seguridad, de ayuda y asistencia militar, que viola la Ley para Conservar la Neutralidad del País decretada por el General Cárdenas vigente desde 1939; las reformas estructurales que impulsa Enrique Peña Nieto para entregar el petróleo y recursos naturales al gran capital depredador, la aquiescencia para que fuerzas de seguridad e inteligencia de Estados Unidos operen armadas dentro del territorio nacional y se entrometan en los asuntos internos, y la anexión al acuerdo geopolítico conocido como Tratado de Asociación Transpacífico (TTP) que responde más a intereses en busca de equilibrios económicos de los grandes centros de poder mundial, muy ajenos a los intereses nacionales y contrapuestos a los principios de política exterior sancionados en nuestra Constitución, la igualdad jurídica de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, y la no intromisión en los asuntos internos.

En las circunstancias antes descritas, quien puede oponerse a estas políticas de entrega de la nación, a la venta de nuestro territorio, a la abdicación de nuestra soberanía, es el pueblo mismo. Así las cosas, los servicios de inteligencia de los grandes centros de poder político,económico y militar, apuntan que la máxima amenaza a la seguridad global y a los intereses del gran capital nacional e internacional, son los movimientos sociales, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de gobierno, la protesta en contra de políticas públicas arbitrarias, y la resistencia de los pueblos en la lucha por su sobrevivencia, en la disputa por impedir la ocupación de sus territorios y frenar la extracción y explotación indiscriminada de sus recursos naturales.

Por tal motivo la Ley de Seguridad Interior, concebida en el seno de las cúpulas del poder político y militar, que permite la participación abierta y sin controles institucionales a las fuerzas armadas en los temas de seguridad pública y en asuntos que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles, como la persecución del delito entre otros, que además faculta al Ejecutivo federal para decretar unilateralmente una afectación a la seguridad interior, sin definir de qué trata, si bien puede ser legal a los ojos de quienes se sirven del pueblo y de los traidores a la Patria, la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional porque transgrede los fundamentos de seguridad y certeza jurídica, de protección a los derechos humanos y violenta el principio de soberanía y civilidad del Estado. Por tanto, todo acto de autoridad, jurisprudencia, disposición legal, tratado internacional o pretensión del poder que contravenga a la Constitución de la República, son nulos de pleno derecho.

No obstante los llamados y señalamientos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como lo es entre otros, el Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, a fin de evitar que se promulgue la Ley de Seguridad Interior, porque es ambigua en sus conceptos, lo que permite una aplicación extensiva; es violatoria del principio de necesidad, al quedar al arbitrio de la autoridad dictaminar sobre su aplicación; permite al Ejército actuar en forma autónoma porque no tiene contrapesos legales; somete a la autoridad civil a los mandos militares; tiene ausencia de controles y rendición de cuentas; no contempla mecanismos de fortalecimiento de las capacidades institucionales; el concepto de uso legítimo de la fuerza no se ajusta a los estándares internacionales; carece de una debida protección a los derechos humanos; afecta la protesta social que tenga un motivo político electoral; tiene ausencia de transparencia; lesiona la autonomía de los órganos de derechos humanos, de transparencia y electoral al estar sujetos a los requerimientos de información; tiene problemas de inconstitucionalidad, porque no habilita al Congreso a legislar en la materia, contempla supuestos de intervención y suplantación de jurisdicción de las entidades federativas, y regula funciones propias de la seguridad pública; es inconvencional, porque según los criterios de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han planteado que el concepto de seguridad interior, se asocia a regímenes autoritarios, debido a que este concepto faculta a los militares a llevar funciones de seguridad pública, lo que incumple con la obligación del Estado mexicano prevista en los tratados internacionales; la ley genera vacíos normativos al crear una excepción por quedar excluido el principio de legalidad y adecuado control, dentro del proceso administrativo.

No obstante, como se apunta, el gobierno hace caso omiso, aún con la carga de haber provocado con una política de seguridad equivocada, sin planteamientos y estrategia, una crisis humanitaria de gran envergadura que ha colocado a México en el escarnio internacional.

Con la Ley de Seguridad Interior, se trata de militarizar a la sociedad, para sembrar una política de miedo como un mecanismo de control social para criminalizar la protesta social en su lucha por hacer valer los derechos humanos, que en esta coyuntura electoral, además, tiene por objeto intervenir antes, durante y después de las elecciones para inhibir y obstaculizar el ejercicio del voto y la participación ciudadana y así poder estar en condición de atajar los avances democráticos del pueblo mexicano, en su búsqueda de un nuevo proyecto de nación que tenga como eje conductor el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

La Ley de Seguridad Interior, nace en el seno del Ejército, a petición y amenaza expresa del alto mando militar, es una política de Estado que se convierte en una amenaza a la seguridad nacional, a la sobrevivencia y desarrollo democrático del pueblo mexicano.

“Si el gobierno no respeta la Constitución, el pueblo debe desconocer al gobierno”.

En las condiciones antes descritas, Ustedes como representantes del orden federal, como responsables del control y de normar a las fuerzas armadas, por ningún motivo deben aprobar la Ley de Seguridad Interior, por ser contraria a nuestro ordenamiento constitucional y por tanto, nula de pleno derecho.

“POR LA NO APROBACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR POR SER NULA DE PLENO DERECHO”

Atentamente
Presidente
General y Doctor José Francisco Gallardo Rodriguez 




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