Mtro. Hugo Aguilar Ortiz. Ministro Presidente. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CC. Magistrados. Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa. Séptimo Circuito, con sede en Veracruz.

Las y los abajo firmantes de manera respetuosa nos dirigimos a ustedes para solicitarles se garantice el estudio constitucional, legal e imparcial, de los amparos interpuestos en contra de la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana al C. Martín Aguilar Sánchez como titular de la Rectoría para el periodo 2025-2029.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la manera en que se condujo la Junta de Gobierno ya que, al no emitir la convocatoria con la que se debió iniciar el proceso de designación rectoral, se violentó el derecho a participar en ella de todas y todos los universitarios que cumplieran con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la UV. 

Este hecho, además, privó a toda la comunidad universitaria de su derecho a participar en la elección de su máxima autoridad. Con esta decisión discriminatoria y excluyente se impone una sola visión de universidad y se impide la discusión plural, abierta y transparente que caracteriza la vida universitaria.

La vía judicial es la única forma legítima para corregir el actuar ilegal e ilegítimo de la Junta de Gobierno, la cual al adjudicarse atribuciones que no le competen, como interpretar y legislar a modo, quebrantó los principios democráticos, de equidad y transparencia que deben regir la vida universitaria y la administración pública de nuestro país.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que el Poder Judicial, a través de sus atribuciones constitucionales, garantice:

·       El estudio imparcial, expedito y apegado a derecho de los agravios presentados en los seis amparos admitidos, con el propósito de garantizar la plena vigencia de la legalidad universitaria violentada por el actuar del C. Martín Aguilar Sánchez, y los miembros de la Junta de Gobierno; 

·       La protección de los derechos de la comunidad universitaria a participar en procesos abiertos y democráticos para pronunciarse por el proyecto de Universidad que mejor le parezca.

·       La revisión del actuar de la Junta de Gobierno, en aras de preservar la legalidad y legitimidad institucional; y

·       La reparación de los derechos humanos violentados de la y los aspirantes a la rectoría;

Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación será garante de la justicia y el respeto a la legalidad en este caso, que es de suma importancia para la vida universitaria y democrática de nuestro país.

Atentamente,