El Registro Civil es en la actualidad público y gratuito para todos. Depende de los Juzgados y de los Ayuntamientos en las pequeñas localidades. Está servido por un buen número de empleados públicos (fijos y eventuales). Y presta un servicio agil (en la medida de los medios que el gobierno le facilita) y cercano a los ciudadanos. Los Registros de los Juzgados de Paz y Registros Municipales acercan la administración a los ciudadanos evitando desplazamientos. En los últimos años el estado ha invertido más de 130 millones de euros en digitalizar e informatizar los Registros Civiles.

El Proyecto del Ministro Ruiz Gallardón pretende "regalar" a los Notarios y Registradores de la Propiedad el Registro Civil. La tramitación de los expedientes y la expedición de las certificaciones dejará de ser gratuita y se autorizará a cobrar aranceles con cargo al bolsillo de los ciudadanos. Se calcula que un expediente de matrimonio tendrá un coste aproximado de unos 200 euros como mínimo y la expedición de una certificación entre 20 o 40 euros. Hay que tener en cuenta que la propia administración obliga en muchos casos a presentar estas certificaciones y tramitar los expedientes. Los habitantes de los pueblos tendrán que afrontar, además, los desplazamientos hasta la localidad donde haya Notaría o Registro de la Propiedad.

No es gratuito recordar que el propio presidente del Gobierno es Registrador de la Propiedad con plaza en propiedad y que también lo son algunos de sus familiares directos.

El Registro Civil contiene datos históricos y personales que siempre han sido bien custodiados por el servicio público. No se puede decir lo mismo de los datos que, en régimen de monopolio, se contienen en las Notarías y Registros de la Propiedad.

Uno de los motivos ocultos de este proyecto podría ser que las autoridades comunitarias discuten el monopolio de Registradores y Notarios. Son figuras que no existen en los paises de nuestro entorno donde sus funciones se prestan por funcionarios públicos. Al parecer europa considera que estas profesiones en régimen de monopolio y con derecho al cobro de aranceles podrían ser contrarias a la normativa comunitaria. Se sospecha que el proyecto intenta disfrazar a Registradores y Notarios de "funcionarios públicos" conservando sus privilegios y aranceles para evitar que se fuerce su desaparición.

El Ministerio dice que su proyecto no supondrá un recorte en el empleo, pero la mayoría de los eventuales son funcionarios interinos y serán despedidos sin derecho a indemnización (no tienen ese derecho, simplemente cesan), los titulares serán recolocados en puestos que actualmente ocupan eventuales, (incrementando la cadena de ceses)

Además el proyecto prevee obligar a la inscripción de hechos que hasta ahora no se incribían como es el cambio de domicilio.

Los Notarios y Registradores NO SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS, y no tienen porque manejar los datos de los ciudadanos que constan en el Registro Civil. Los ciudadanos no tienen porqué pagar porque se les certifiquen los aspectos que forman parte de su condición civil.

El proyecto aliviará, sin duda, la merma de las ganancias de los Registradores y Notarios consecuencia de la crisis inmobiliaria, pero es absolutamente injusto que se haga a costa de los bolsillos de los ciudadanos y con nuevos recortes del servicio público. A pesar de ello ni los Registradores ni los Notarios apoyan el proyecto del Ministro, entre otros motivos porque CONSIDERAN QUE NO HAY GARANTÍAS SUFICIENTES DE QUE EL SERVICIO SERÁ SUFRAGADO INTEGRAMENTE POR LOS ARANCELES A CARGO DEL BOLSILLO DE LOS USUARIOS.