¡No más vulneración de nuestros derechos! Exigimos una reforma en el sistema de cobro de las tarifas de energía y alumbrado público en el Atlántico. 

Solicitamos: ¡Asamblea de Servicios Públicos en el Atlántico Ya!

Ministro
Omar Andrés Camacho Morales
Ministerio de Minas y Energía 

Los ciudadanos y ciudadanas del Atlántico solicitamos con urgencia una Asamblea de Usuarios de Energía y Servicios Públicos en Barranquilla y el Atlántico, en línea con las asambleas recientes realizadas en otras ciudades. Esta medida resulta crucial para abordar de manera integral los problemas que afectan directamente a nuestra comunidad en relación con el servicio público de energía.

Lo anterior, tiene que ver con los diferentes componentes que se nos cobra en la factura de energía, con fórmulas usureras, a saber, el cobro por las pérdidas no técnicas o robo de energía, que es trasladado injustamente a todos los usuarios del mercado; la tasa de alumbrado público, que beneficia a grandes grupos privados en detrimento del interés y bienestar público, en connivencia con administraciones distritales y municipales y los respectivos concejos, y un impuesto de seguridad y convivencia recaudado por la Gobernación del Atlántico por años, con el respaldo de los asambleístas, mientras los resultados en materia de seguridad son deficientes. Entre tanto, nuestros bolsillos se empobrecen mes a mes, y cada vez más familias caen en la pobreza por la incapacidad de pagar un recibo exorbitante. 

En nuestro Departamento la ciudadanía está sufriendo. Hay miles de historias de padecimiento detrás de cada letra aquí escrita. Hemos solicitado, sin respuesta alguna, acciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, pues lo que estamos padeciendo es indigno, toda vez que sumado a los costos que han subido de manera desbordada, la empresa Air-e, además, ha recurrido recientemente a campañas violentas e ilegales para gestionar el cobro. 

Nuestras tarifas de energía son inaceptablemente elevadas. Este aumento desmedido se debe en buena medida  a un régimen especial aprobado en el Plan de Desarrollo del gobierno del Presidente Duque que autorizó a la empresa a incorporar en la tarifa un mayor porcentaje de pérdidas no técnicas. Estas pérdidas engloban problemas como el robo de energía y el fraude, y representan un agravio a los ciudadanos. Bajo ningún criterio razonable, es justo que se nos cobre a todos los ciudadanos por estas pérdidas, ya que no somos responsables de prevenir el robo de energía. Adicionalmente se estableció un porcentaje adicional en la comercialización para financiar labores de cobro de la empresa. Según un estudio de Fundesarrollo, el impacto a la tarifa de estos factores ha sido del orden del 70% en dos años. No se conocen públicamente, además, los compromisos de la empresa para reducir las pérdidas ni el valor pagado en la adquisición. 

Para agravar la situación, vienen ocurriendo prácticas inaceptables por parte de Air-e. Esto incluye el envío de cobradores con megáfonos a los hogares de los usuarios para exigir el pago de las facturas, una táctica intimidante, ilegal y abusiva. De la misma forma, se han reportado mensajes amenazantes en las facturas de los usuarios, lo cual es inadmisible y violatorio de nuestros derechos como consumidores. Agravando aún más la situación, hemos presenciado cómo Air-e ha cortado la luz a conjuntos residenciales enteros debido al no pago de las facturas por parte de algunos habitantes de estos, lo que vulnera el derecho de cientos de familias a tener acceso a un servicio esencial como es la energía eléctrica.

Esta situación, como lo demuestra el estudio de Fundesarrollo, ha impactado negativamente los ya altos índices de pobreza en el Departamento. Asimismo, es importante destacar que enfrentamos desafíos climáticos severos en nuestra ciudad y departamento, con olas de calor que amenazan la salud de los ciudadanos. Un acceso asequible a la energía es esencial para garantizar que las personas puedan afrontar condiciones climáticas extremas y mantenerse seguras.

La gravedad de estas preocupaciones nos lleva a exigir, de manera enérgica, la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional de Usuarios de Energía y Servicios Públicos en Barranquilla y el Atlántico. Esta asamblea debe ser un espacio de diálogo y colaboración entre todas las partes involucradas, incluyendo representantes del gobierno nacional y local, empresas de servicios públicos y la sociedad civil. 

Esperamos que usted, como Ministro de Minas y Energía, respalde esta iniciativa y tome medidas concretas para llevar a cabo esta asamblea. Creemos firmemente que juntos podemos lograr una prestación del servicio de energía más justa, accesible y equitativa para todos los ciudadanos de nuestra región.

La situación actual, insistimos, es inaceptable. Exigimos respuestas y acciones inmediatas para abordar estas problemáticas que afectan profundamente a Barranquilla y el Atlántico. Reducir las tarifas de energía es imperativo para aliviar la presión económica sobre las familias más vulnerables y promover un mayor bienestar en la región. Como bien reconoce nuestra Constitucion Política, es deber del Estado asegurar una prestación eficiente de los servicios públicos, pues su provisión está ligada a nuestro derecho a vivir con dignidad y necesidades básicas satisfechas. Han sido demasiados años viviendo y padeciendo, rogando por una prestación de servicios públicos decentes y no aguantamos más. #TARIFAJUSTAYA