Todos los funcionarios públicos están recibiendo íntegro su salario, sin realizar actividad alguna; mientras millones de trabajadores son o serán despedidos por las medidas preventivas en contra del COVID-19.

Por elemental justicia social, los funcionarios públicos deben ser solidarios con los que no reciben salario permanente. Hasta el propio Presidente de la República ha reconocido esta injusta situación laboral.