175  MENORES EN LISTA DE ESPERA DE SER PROTEGIDOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

El servicio de protección de menores de Córdoba, se encuentra totalmente colapsado, al mantener durante 6 años una falta de personal, en lo equipos pisocosociales que ejecutan las medidas protectoras de los niñ@s cordobeses más vulnerables de la sociedad, mantiéndose en sus unidades familiares maltratantes, ante la imposibilidad de ofrecer una respuesta adecuada en tiempo por parte de la Administración de la Junta de Andalucía.

En el año 2009 ya eran 70 casos en espera, en 2022 eran 135 y en marzo de 2023, 160. En poco más de un mes, la cifra ya cuenta con 175 menores en desprotección en espera de ser atendidos. Esta cifra seguirá subiendo si no se plantea una solución urgente y eficaz.

La respuesta del ente público ha sido dotar de 3 interinos en estos equipos psicosociales, que junto a las dos trabajadoras sociales que conformaban estos equipos, suman 5 de los 8 profesionales que deberían existir, según la RPT pública.

En estos 6 años, este servicio de Córdoba ha venido denunciando esta situación a todas las instituciones competentes en protección a la Infancia (Fiscalía de Menores, Defensor del Pueblo, Función Púbica y a la Junta de Personal de esta Administración).

Ante la falta de una respuesta adecuada, hemos acudido a como denuncia pública, a los diferentes medios de comunicación (prensa, radio y televisión), además de manifestaciones  en junio de 2022 y las que actualmente se desarrollan todos los viernes desde el pasado 23 de marzo. A estas concentraciones se han unido Centros de Protección, equipos de tratamiento familiar, familias acogedoras y los colegio de Trabajo Social y Psicología de Córdoba.

A pesar de la dotación de las tres personas interinas, es inviable abordar la lista de espera, ya que semanalmente debemos proteger a menores " en situaciones extremas y sobrevenidas" y que no se incluyen en esta espera.

Este personal no solicita en esta denuncia mejoras laborales para los trabajadores, solicitamos la reestructuración  de la RPT a las necesidades de protección a la infancia y como  medida inmediata y urgente, completar al menos la actual plantilla y un inmediato "plan de choque" del Gobierno andaluz, a fin de proteger a los menores cordobeses más vulnerables, y que por imposibilidad de acción de esta administración, continúan residiendo en su entorno familiar maltratante, siendo de justicia su protección, como marca toda nuestra legislación.