En lugar de declarar a las personas con discapacidad intelectual bajo el control de un tutor, la CDPD establece que las personas con discapacidad deberán tener plena capacidad jurídica y que cualesquiera medidas que sean necesarias para asistirles a ejercer su capacidad de ejercicio deben basarse en todo momento en la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad y no en la “substitución” de su voluntad por la de un tutor, sin importar si el tutor es legalmente responsable por actuar de conformidad con los mejores intereses de la persona con discapacidad. El derecho a la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad debe entenderse e interpretarse dentro del contexto y de conformidad con las disposiciones de la CDPD, independientemente de si las restricciones a la capacidad jurídica se ubican en el ámbito de la “personalidad jurídica”, “capacidad jurídica”, “capacidad de goce”, “capacidad de ejercicio”, o cualquier otra terminología legal LAURA ALEXA TQM