En este nuevo sistema, las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el actual sistema del estado de interdicción deben ser revisados ampliamente a efecto de cumplir con los nuevos estándares legales establecidos en la CDPD. Específicamente, es necesario implementar un sistema que, sin dejar de asistir a las personas con discapacidad para adoptar sus propias decisiones legales y sin dejar de proporcionar la asistencia y salvaguardas necesarias, se centre en todo momento en la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad y no restrinja su facultad de adoptar decisiones legales por sí mismas, tal y como lo establece la CDPD.Las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad violan no solo su derecho a adoptar decisiones, en los términos que lo establece la CDP sino que inciden asimismo en una amplia gama de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad LAURA ALEXA PRESENTE!