El Estado costarricense ha venido subyugando a los habitantes que se ubican dentro de los territorios que conforman la zona costera del Caribe; a pesar de que muchos de ellos son pobladores desde tiempo inmemorial. Hoy día muchas de estas familias viven con temor, ante la amenaza de ser desalojadas el 30 de noviembre de 2012, por orden de la Contralora General de la República. 

Los fundos intervenidos por la señora Contralora, por su naturaleza y ubicación, han contribuido y contribuyen actualmente a llevar el sustento a miles de familias limonenses, a través de pequeños emprendimientos y del turismo rural como medio de subsistencia. 

Ante la gravedad del problema, la Mesa Nacional Afro costarricense insta al inmediato cumplimiento del DECRETO Nº 35584-MINAET DEL 07/10/2009, que ordena al Poder Ejecutivo liderar las medidas urgentes a tomar, así como conformar el (los) equipo (s) de trabajo tanto técnico(s) como legal (es) que tendrá la tarea de consolidar las diferentes propuestas de ordenamiento, según las necesidades de cada zona, y dar soluciones definitivas. 

El DECRETO Nº 35584-MINAET DEL 07/10/2009 reconoce expresamente que: “desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras”. 

Esta tesis se ampara en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, suscrita el 13 de junio de 1992, la cual tiene autoridad superior a las leyes de Costa Rica según proclama el artículo 7 de la Constitución Política. 

Sobre la base anterior, los aquí firmantes exhortamos con todo respeto a la señora Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla Miranda, para que gestione ante la Contraloría General de la República, la revocatoria de la orden de desalojo para los habitantes de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, del cantón de Talamanca, provincia de Limón.