El caso de Mari Carmen reclama más reformas para acabar con las discriminaciones de la dictadura.

Mari Carmen no habría sido desahuciada si sus padres, ambos y no solo él, hubieran podido figurar como inquilinos de la casa en la que vivían desde 1956. Pero la legislación civil de la dictadura franquista no permitía que las mujeres figuraran como cotitulares de una vivienda de alquiler si estaban casadas por lo que, al fallecer él padre de Mari Carmen, la continuidad en la vivienda de su madre agotó la única subrogación que figuraba en el contrato de alquiler, quedando en precario la segunda subrogación, que es la que ha permitido a Mari Carmen continuar durante los últimos años en su casa de toda la vida. 

Concluyendo: la incapacidad de todos los gobiernos elegidos en las urnas desde 1977 para reformar las normas más discriminatorias de la legislación franquista y anular las injustas consecuencias que se prolongaban en el tiempo los convierte en responsables directos de injusticias flagrantes como el desahucio de Mari Carmen.

Ante los miedos y debilidades del Gobierno, además de decretos de urgencia, debemos exigirle que, para evitar abusos como el ejercido contra Mari Carmen, y también porque nadie se lo puede impedir al presidente Sánchez, convoque un referéndum consultivo según lo previsto en el artículo 92 de la Constitución, a celebrar antes de las próximas elecciones y para proponer a la sociedad española que durante la próxima legislatura se lleven a cabo todas las reformas legales que sean necesarias, incluida la de la Constitución, para acabar también con las injusticias que, tantos años después, siguen ocasionando las leyes que implantaron quienes, tras el golpe de Estado de 1936 y la guerra civil, gobernaron durante la dictadura franquista.