Poco a poco hemos ido viendo algunas escenas y la ambientación de cómo se produce la destrucción del Patrimonio Cultural. Cómo las Administraciones Públicas la propician con una legislación ambigua, y sin una organización que vele por el Patrimonio y la normativa. Los partidos políticos parece que no tuvieran que decir nada, y es que deben callar mucho; pues son quienes negocian el PGOU y ahí reparten la tarta en base a la representación. Además de repartirse los poderes de Diputación. La Junta y los partidos son un régimen. Todos cambian cromos. Era de esperar que la oposición ejerciera algún contrapoder que evite el abuso, pero lo que hemos observado es silencio. Ahora vamos a tratar el tema de los “pagafantas”. ¿Qué es un pagafantas? Un pagafantas es un individuo que por poco más de lo que cuesta una fanta, junto con muchos otros van a recibir una propiedad. Y todo gracias al buen oficio del presidente del Residencial, el administrador amigo, el abogado hermano, el cuñado arquitecto y otro pariente de otro que es el que hace las obras, unos propietarios funcionarios y un bancario entre bambalinas. La estrategia es convencer a una colectividad de que por poco van a ganar mucho. Para que no meta mucha gente las narices en el asunto se nombra una comisión y ésta vigila y decide sin tener que dar cuentas, ni levantar actas de sus acuerdos y encuentros. La comisión se entera a medias de los asuntos que les llueven como “hechos consumados”. Se enteran de que han firmado un contrato que compromete al Residencial cuando ya está firmado sin conocer las cláusulas, se enteran de que hay propietarios objetores y acuerdan no pasarles cargos con tal que se guarde en secreto...de este modo quienes tenían que velar por que las cosas sean correctas, paradójicamente encubren las irregularidades: - nombrar empresas diferentes de las aprobadas en actas. - hacer listado de posibles disidentes. - arreglar el resultado de la elección de administrador para que sea el que ha diseñado el programa de manipulación del Residencial. - lo mismo con la designación de presidente ocultando la renuncia de la propietaria que salió por sorteo. Con estos modos y una “aparente” unanimidad de 186 propietarios, se decide echar tierra a un yacimiento para incorporarlo a un Residencial como jardín privado. Los propietarios mayoritariamente aplauden y aprueban a idea y ponen el dinero que haga falta: poco, como si se pagaran unas fantas. Si hay alegaciones por burofax se ocultan, silencian y si alguien puede poner en riesgo el proyecto de urbanización injusta de un Bien de Interés Cultural: se le ignora, aísla y cuando sea preciso se le utiliza como espantajo para ponerle en contra de todos. De este modo nadie osará discrepar, para no ser etiquetado, señalado o verse denigrado como el disidente. A un propietario le dicen “tú eres amigo de ése” y por miedo a ser maltratado en su imagen niega ser amigo, y por tanto deja de hecho de serlo. Ante un juicio los posibles testigos evitan ir a declarar, y sólo quienes en vía penal declaran “afirman haberse opuesto por burofax al acuerdo, pero que pagan para no destacarse”. Llegado a Juicio el abogado nombrado por el Residencial que es el mismo asesora al administrador renuncia a sus propios testigos, y sin testigos propios y sin poder desvirtuar la demanda ni el testimonio del “único testigo” acordado por él mismo: pierde el juicio. En un intento temerario más, y sin Base Legal para revocar la Sentencia intenta un nuevo recurso basándose en subjetividades contra el propietario disidente y el testigo comúnmente acordado entre abogados. Lógicamente el abogado pierde de nuevo el juicio, no acudiendo a casación a la que se tiene derecho siendo ya la Sentencia firme: acuerdo de sepultura del yacimiento es nulo, y todo lo que parte de él contrario a derecho. Esta sentencia es ignorada por el Residencial que sepultó el yacimiento, y por el Ayuntamiento que dio licencias indebidas, ignoró las denuncias y evitó la paralización de la contaminación del BIC. Aún el Alcalde no ha nombrado instructor al expediente sancionador 63/16 S de Disciplina Urbanística. El alcalde es el concejal de Urbanismo cuando se dio la licencia, y la autoridad que ignora sistemáticamente las denuncias. La inacción del alcalde es contraria a Derecho ya que tiene la obligación de resolver. El alcalde hace la vista gorda a un asunto que trasciende fuera de Jaén ya que es un BIC catalogado con protección integral, único en el mundo, y que por desdicha suya es objeto de la denuncia internacional del Simcha Jacobovici, cineasta que por medio de National Geographic divulga en más de cuarenta idiomas y en 151 países. El Documental “El Resurgir de la Atlántida” denuncia que el yacimiento calcolítico Zona Arqueológica Marroquíes Bajos va a ser destruido en manos de promotores urbanísticos. ¿Quién se beneficia de la destrucción de un BIC? Otro juzgado de Jaén llevaba en paralelo un proceso de subasta del mismo. Este proceso fue abortado al tener conocimiento la abogada del Banco de la existencia de denuncias sobre el asunto. Por lo que acudió al Juzgado para pedir la retirada de esa parcela de los Bienes a sacar a subasta. Precio del BIC: 600 euros para Hacienda. De ser sacado a subasta judicial ¿quién sabe?