Tula, Hidalgo, se encuentra en un momento decisivo. Desde hace décadas, esta región ha sido uno de los epicentros más contaminados del país, principalmente debido a la operación de la Refinería Miguel Hidalgo. Hoy, frente a nuevas inversiones energéticas, promesas de modernización y megaproyectos como el Centro de Economía Circular, la ciudadanía exige algo fundamental: transparencia, participación y acceso a la información.

📌 ¿Qué está pasando en Tula?

• La Refinería Miguel Hidalgo, con más de 50 años de operación, emite más de 55,000 toneladas de dióxido de azufre (SO₂) anuales, generando severos impactos a la salud y al medio ambiente.
• Las pérdidas económicas por su operación ascienden a más de 44 mil millones de pesos anuales, sin un plan claro de financiamiento para su modernización.
• Se expropió recientemente una planta de hidrógeno operada por una empresa francesa, sin información pública completa sobre indemnización o justificación técnica.
• En paralelo, se ha anunciado la construcción del Centro de Economía Circular más grande de México, sin detalles claros sobre inversión, impacto ambiental, mecanismos de participación ciudadana ni plazos.
   

⚖️ ¿Qué exigimos como ciudadanía?

En el marco del Acuerdo de Escazú , tratado internacional firmado y ratificado por México, vigente desde 2021, que garantiza el derecho de todas las personas al acceso a la información ambiental, a la participación pública en la toma de decisiones y al acceso a la justicia en temas ambientales, exigimos:

• Publicación inmediata y accesible del proyecto ejecutivo, estudios de impacto ambiental, análisis financieros y cronogramas del Centro de Economía Circular.
• Información detallada sobre la inversión pública y privada involucrada en la modernización de la Refinería Miguel Hidalgo y sus implicaciones ambientales.
• Mecanismos efectivos y vinculantes de consulta y participación pública local, especialmente para las comunidades de Tula de Allende y zonas aledañas.
• Garantías institucionales para que se protejan los derechos de los defensores ambientales, conforme al artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
  Supervisión de organismos independientes, académicos y sociedad civil organizada para el seguimiento de estos proyectos.
   

🌱 El desarrollo sustentable no puede hacerse a espaldas de la ciudadanía ni en zonas que históricamente han cargado con el costo ambiental del país. El principio de máxima publicidad es vinculante para el Estado mexicano.

Tula merece respuestas claras. Tula merece justicia ambiental. Tula merece transparencia.Firma esta petición y únete a la exigencia de una gestión pública responsable, abierta y alineada con los compromisos internacionales de México.

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