Hay cuatro candidatos presidenciales que utilizan abusivamente la publicidad oficial, y a través de ella inducen al voto para las próximas elecciones. Esto es ilegal y exigimos que dejen de hacer campaña electoral financiada con dinero de los ciudadanos.

La Ley electoral prohíbe la publicidad audiovisual antes de los 20 días previos a las elecciones primarias nacionales. Utilizar publicidad oficial mostrando la imagen y voz de un candidato, tiene el efecto de inducir al voto, y significa una burla de la ley electoral.

Por eso es importante que te sumes a esta petición y le pidas a la Justicia Electoral que intervenga y haga cesar de inmediato todas las publicidades de candidatos. 

En Argentina, son muchos los candidatos a cargos electivos que abusan de la publicidad oficial para obtener beneficios electorales personales. En general, se emiten mensajes más propios de una campaña electoral que de una acción comunicativa de un gobierno provincial. 

Un ejemplo actual de este tipo de prácticas es la difusión de spots publicitarios que promueven la imagen de los candidatos De La Sota, Rodríguez Saá, Scioli y Macri a través de la publicidad oficial de las provincias de Córdoba, San Luis, Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires respectivamente, en las vísperas de la campaña para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En el caso de Rodríguez Saá la situación es aún más peculiar, pues ni siquiera es funcionario del gobierno de San Luis y aparece en un spot de la provincia.

El objetivo de la comunicación del Estado es que la ciudadanía acceda a información pública relevante y no fortalecer la imagen de una persona, por más que sea el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno o el intendente. Las campañas electorales de los candidatos deben ser costeadas con los presupuestos de sus partidos políticos y no con los del Estado que ocasionalmente administran.

Los candidatos que usan abusivamente la publicidad oficial obtienen ventajas indebidas frente a sus contendientes que no gobiernan ningún distrito, pues mientras los primeros publicitan su imagen a través de una supuesta comunicación institucional, los segundos deben esperar al período habilitado legalmente para publicar spots televisivos y limitarse a los cupos que otorgue la autoridad electoral. De este modo, la publicidad ilegal impide la libre competencia electoral y distorsiona el debate democrático al provocar una sobreexposición de sus mensajes.

• Mirá la campaña completa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano ingresando a www.publicidadilegal.org.