La tasa de basuras impuesta por la Ley 7/2022 supone, en algunos casos, una doble carga económica para propietarios e inquilinos. En muchos municipios, el coste de la recogida de residuos ya se financiaba a través del IBI o de otros presupuestos municipales. Sin embargo, con esta ley se obliga a los ayuntamientos a cobrar un recibo adicional, en la mayoría de los casos sin reducir el IBI ni justificar el incremento.
Estamos pagando dos veces por el mismo servicio.

El Gobierno ha justificado esta medida diciendo que “Europa obliga”. Esto es falso. La Unión Europea exige cumplir objetivos ambientales y mejorar el reciclaje, pero no obliga a crear una tasa específica para los hogares. Fue una decisión política del Estado español, que ha trasladado el coste directamente a los ciudadanos sin transparencia, sin auditoría pública y sin alternativas de financiación.

Esto afecta especialmente a familias, jóvenes inquilinos y pensionistas, que ya afrontan alquileres e hipotecas elevadas, inflación y un coste de vida creciente.

Lo que pedimos

- Reforma de la Ley 7/2022 para eliminar la obligación de cobrar esta tasa.
- Que cada ayuntamiento pueda decidir cómo financiar el servicio, evitando duplicidades.
- Transparencia real: que cada ayuntamiento publique el coste exacto del servicio y destino del dinero recaudado.
- Protección para las familias vulnerables y bonificaciones para quienes reciclan correctamente.

No se trata de dejar de pagar los servicios públicos. Se trata de que no nos cobren dos veces y de que el dinero público se gestione con responsabilidad y claridad.

Firma esta petición
Defiende un sistema fiscal justo, transparente y que no castigue más a quienes ya cumplen con sus obligaciones.
Firma y comparte. Cada apoyo cuenta para frenar esta injusticia.