Representantes del Gobierno y Tribunal Constitucional: 

Por medio de la presente, como ciudadanos preocupados por el bienestar animal y el respeto hacia los seres vivos que comparten nuestro entorno, queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la reciente aprobación de la ley que prohíbe asistir a los animales y proporcionarles antibióticos en situaciones necesarias. 

Consideramos que esta normativa supone un grave retroceso en materia de derechos y protección animal, fomentando indirectamente el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales.

Razones para solicitar la anulación de esta ley: 

1. Atenta contra el bienestar animal: Negar asistencia médica o el uso de antibióticos cuando un animal lo necesita es una forma de maltrato pasivo que condena a los animales a sufrir enfermedades evitables o incluso a morir en condiciones indignas.
 2. Contradicción con principios éticos y legales: Esta ley contradice los principios básicos de protección animal recogidos en otras normativas nacionales e internacionales, que promueven el cuidado y el respeto hacia los animales como seres sintientes.

 3. Impacto negativo en la convivencia social: La imposibilidad de atender adecuadamente a los animales genera indignación entre los ciudadanos y afecta negativamente la percepción sobre nuestro compromiso como sociedad con el bienestar animal.

Además, solicitamos una revisión integral y justa de las leyes relacionadas con el maltrato animal. 

Es fundamental que estas normativas: • Garanticen la protección efectiva de los animales: Las leyes deben priorizar su bienestar, asegurando que reciban atención veterinaria adecuada cuando sea necesario.
 • Distingan entre acciones responsables y negligentes: No se puede penalizar a quienes intentan salvar o cuidar a un animal enfermo; al contrario, estas acciones deben ser protegidas y fomentadas por la legislación.
 • Establezcan sanciones proporcionales y justas: Las penas por maltrato animal deben ser contundentes para quienes deliberadamente causen daño, pero no deben criminalizar a quienes actúan con buena fe para protegerlos.

Nuestra solicitud

Por todo lo anterior, instamos al Gobierno a:

 1. Derogar la ley que impide asistir a los animales y proporcionarles antibióticos cuando sea necesario para su salud y bienestar.

 2. Reformar las leyes sobre maltrato animal para garantizar una protección justa, efectiva y acorde con los principios éticos y científicos actuales.
Como sociedad, tenemos la responsabilidad moral de proteger a los más vulnerables, incluidos los animales. Su sufrimiento no puede ser ignorado ni justificado bajo ninguna circunstancia.

Todo ello basándonos en los fundamentos legales:

 1. Vulneración del principio de dignidad y derechos fundamentales. 
 • Aunque los derechos fundamentales se reconocen para las personas, el artículo 10.1 de la Constitución Española establece la dignidad como base del orden jurídico. La prohibición de asistencia médica a animales podría interpretarse como una violación indirecta de este principio al fomentar el sufrimiento innecesario de seres vivos.

 2. Infracción del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE)
 • La ley podría generar inseguridad jurídica al no proporcionar criterios claros sobre cómo garantizar el bienestar animal en situaciones de necesidad médica, dejando a los ciudadanos en incertidumbre respecto a sus obligaciones legales.

 3. Contradicción con el deber de protección ambiental (artículo 45 CE)
 • Este artículo obliga a los poderes públicos a proteger el medio ambiente, lo que incluye la fauna. Impedir el cuidado adecuado de los animales contravendría este mandato constitucional.

 4. Proporcionalidad y proscripción de la arbitrariedad (artículo 9.3 CE)
 • La prohibición absoluta del uso de antibióticos podría considerarse desproporcionada y arbitraria, ya que no distingue entre casos necesarios y abusivos, afectando negativamente al bienestar animal sin justificación razonable.

 5. Posible invasión competencial
 • Si la ley afecta competencias autonómicas en materia de sanidad animal o medio ambiente, podría ser inconstitucional por invadir competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas (artículos 148 y 149 CE).

Confiamos en que nuestras autoridades actuarán con sensibilidad, justicia y compromiso hacia esta causa tan importante para todos.

Atentamente,