La nueva Ley de Vivienda 2023 acota el pago de los intereses de intermediación inmobiliaria en los arrendamientos, siendo a partir de ahora el arrendador el que deba asumirlos si desea alquilar su piso a través de una agencia. 

Pero los jóvenes españoles seguimos desprotegidos puesto que no se han acotado los abusos que se dan por parte de algunas inmobiliarias (normalmente franquicias), que cobran a las dos partes por la venta de un piso de segunda mano.

Por tanto, nos quedamos fuera del mercado ante la imposibilidad de asumir el coste que pide el propietario, los gastos de compraventa y una comisión inmobiliaria de hasta el 3% de importe de la venta (en ciudades tensionadas como Madrid, con unos precios de venta disparatados, puede llegar a suponer unos 12.000 euros o más)

Firma para que la nueva ley de vivienda proteja también a los compradores de viviendas de segunda mano de los abusos de las inmobiliarias: 

1. eliminando la doble comisión a vendedor y comprador, mala praxis de muchas conocidas cadenas inmobiliarias. El que contrata el servicio de intermediación es quien debe asumir la comisión. 

2. Prohibiendo que se tenga que dejar una señal monetaria (de unos 3000 euros mínimo) para poder hacer una OFERTA al vendedor. 

La indefensión de los consumidores ante estas mala praxis es enorme, impidiendo el acceso a los ciudadanos a una vivienda y condenándolos al pago perpetuo de alquileres equiparables a una mensualidad de hipoteca en muchos casos.