Frente a la nueva ola de contagios y ante la insuficiencia de pruebas gratuitas en el sector salud, millones de trabajadoras y trabajadores han tenido que pagar sus pruebas de detección del COVID-19 para proteger la salud de todas y todos, así como garantizar sus derechos laborales.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) no está garantizando pruebas para toda la población y en el sector privado los test de diagnóstico alcanzan precios desorbitados, muy variables según el laboratorio o el territorio donde se compren. 

La salud de las y los mexicanos no puede ser un espacio para el lucro de sectores muy concretos. El gobierno federal debe garantizar que toda la población pueda tener acceso a estas pruebas al menor costo posible. 

Numerosos países han adoptado ya la decisión de limitar el precio de los test para facilitar el acceso y frenar la propagación del virus. En España, por ejemplo, el Gobierno fijó un precio máximo de 2.94€ para las pruebas de antígenos (alrededor de 60 pesos mexicanos). En nuestro país, por el contrario, encontrar un test por menos de 200 pesos resulta misión imposible. 

Es urgente que el Gobierno Nacional, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), haga el análisis pertinente a la brevedad para establecer un precio máximo a las pruebas diagnósticas de COVID-19. Además, la Secretaría de Salud debe hacer todo lo posible para garantizar el abastecimiento de pruebas gratuitas suficientes en el SNS.

Por la salud de todas y todos, exigimos a las autoridades federales:

¡Pruebas gratuitas suficientes ya!

¡Limitación de precios ya!

#PruebasParaTodos