La pérdida del derecho a la asistencia sanitaria para un sector de la población que, en su mayoría ya tienen graves problemas sociales, es una grave injusticia y un factor que por sí mismo repercute gravemente en la calidad de vida y favorece la aparición de enfermedades, especialmente de tipo mental. También es un grave problema para el conjunto de la sociedad. Vivimos en un momento en el que las enfermedades transmisibles, viejas y nuevas, están teniendo incrementos significativos en su incidencia. Por otro lado, si los servicios de urgencias se convierten en la puerta de entrada al sistema de todas las personas que no tienen la condición de aseguradas, estos servicios se verán totalmente saturados, tal como por cierto ya está ocurriendo. Nos decían que con esa medida se iban a ahorrar una importante cantidad de recursos económicos, especialmente en fármacos. La evolución de las cosas incluyendo el gasto farmacéutico es contradictoria con esas previsiones.

Por todo ello, solicitamos al Excelentísimo Sr. Consejero de Sanidad y Bienestar social de la Comunidad de Castilla y León que ponga en marcha un proceso legislativo y normativo similar al existente en la Comunidad Foral de Navarra, que sigue en total y absoluta vigencia por resolución del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 2014, para que se eviten los problemas de inequidad social y de salud pública.